A menos de una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
Según informó en un mensaje posteado en la red social X, Adorni dijo que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.
“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, denunció el funcionario de Javier Milei, sobre los audios que difundieron medios de comunicación con la voz de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei la semana pasada, en una supuesta reunión realizada en la Casa Rosada.
Al respecto, la ministra Patricia Bullrich expresó también en relación a los audios difundidos sobre Karina Milei y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo: "Estamos seguros que en la Casa Rosada hubo un espionaje ilegal armado con el objetivo de generar una desestabilización".
"El gobierno cree que está frente a una violación a la ley de inteligencia. Que utilicen sistemas de espionaje ilegal para generar un mecanismo que pueda generar incertidumbre, crisis, caos", explicó y puntualizó que "hemos tenido un caso concreto de violación de este artículo".
Además, apuntó contra los opositores: "Acá han tirado piedras en el Congreso, en cada acto de La Libertad Avanza, piedras a la economía de todos los argentinos, de que el dólar se vaya a cualquier precio" y señaló que el gobierno debe "defender a 46 millones de argentinos". "Estamos bajando la inflación y nos tiran piedras", señaló.
Sobre la presentación judicial del Gobierno a la Justicia para que intervenga y prohíba la circulación de los audios, la funcionaria defendió "hemos pedido que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito" y negó haber pedido allanamientos sobre periodistas.
"Estamos pidiendo la construcción de la prueba", enfatizó y señaló sobre Jorge Rial y Mauro Federico: "No son periodistas, el periodista tiene otra construcción, hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa". En contraste, afirmó que se trata de "operadores" y remarcó que la "ética profesional tiene que ver con ser periodista".
Sobre el escándalo sobre el audio de la secretaria de la Presidencia, remarcó que la grabación se produjo "en el corazón del Poder Ejecutivo". Además, marcó que el "sistema ilegal" por medio el cual se captó esas grabaciones es "absolutamente perverso" que genera una "crisis de certeza, de miedo".
Además, señaló que "no importa quién sea" el que tomó los audios "las va a pagar". "La persona sea quien sea que trabajó en la construcción de una cadena que llega a que este audio llegue al lugar donde llegó", objetó y apuntó contra el Tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, dueño del canal de streaming Carnaval que reprodujo los audios.
El respaldo a Javier Milei:
Respecto a la presunta veracidad de los audios Spagnuolo, Bullrich subrayó que "el gobierno ha dicho que ninguno de los integrantes del gobierno ha tenido ninguna responsabilidad en ningún tipo de maniobra fraudulenta ilegal de coimas" pero reconoció que "decirlo no alcanza, para eso se va a necesitar una prueba que la está construyendo la Justicia".
Sobre el presidente, señaló: "Yo le creo porque es un tipo que todo el tiempo piensa en cómo mejorar la economía y vida de la gente. Es un personaje, tiene sus características. Ahora, tiene buena fe. Él y su familia tienen buena fe. Creámosle".
"¿Podemos pensar siempre que todos los argentinos somos delincuentes? No. Yo hace muchos años que estoy en política y sigo porque siempre he sido honesta y no estaría con una persona que no es honesta".
La denuncia del Gobierno a Jorge Rial y Mauro Federico:
Desde el Gobierno apuntan a los periodistas tras conocerse grabaciones que involucran a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei, con casos de presunta corrupción.
En sus redes sociales, Jorge Rial no tardó en reaccionar ante el accionar del Gobierno nacional. "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional", exclamó.
"Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión", siguió.
"Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", completó.
“La denuncia es una payasada legal barata”, afirmó en el stream Carnaval el periodista Fabián Doman y agregó que el gobierno en una reunión giró en torno a la idea de “hay que meter preso a Rial”. Luego con ironía, sus pares Rial y Federico se refirieron al supuesto líder ruso que los dirige: “¿Alguien conoce a Lev Konstantinovich? Según lo que dice la denuncia de Bullrich, ciudadano ruso radicado en nuestro país como líder de la organización que nosotros integramos? ¡Nuestro líder!”.
Los 10 puntos de la denuncia del gobierno que hablan de “influencia extranjera” y apunta a periodistas, empresarios, una diputada y agentes de inteligencia:
Según trascendió, la denuncia del Gobierno fue presentada este lunes 1 de septiembre y quedó sorteada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, que será subrogado por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N° 10, bajo el expediente CFP 3604/2025.
Titulado “Denuncia contra la operación de espionaje ilegal e influencia extranjera”, el escrito fue presentado por el abogado Fernando Oscar Soto, del Ministerio de Seguridad nacional.
1. El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera.
2. La maniobra consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.
3. No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral.
4. El objetivo fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales.
5. Entre los responsables identificados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino.
6. Se advierte que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial.
7. Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas.
8. La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas.
9. Por ello, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral.
10. El mensaje es contundente: no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.
La denuncia penal presentada por el gobierno solicita además allanar el canal de streaming Carnaval, que difundió los audios de Karina Milei, y los domicilios de su propietario, Pablo Toviggino, así como de los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y otros involucrados en la difusión de los audios. También se pidió, como “medida de prueba”, la incautación de dispositivos electrónicos —computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives— y documentación vinculada a las maniobras descritas, con el objetivo de determinar quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos.
El Gobierno solicita además a la Justicia “investigar el rol que tuvieron la diputada nacional Marcela Pagano y su pareja Bruno Bindi” en las presuntas escuchas ilegales que, según el Ejecutivo, “ponen en peligro la democracia” y afectan el normal desarrollo del proceso electoral.