Un soldado del Ejército Argentino de 21 años de edad, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. De inmediato, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó a la Policía Federal una investigación del hecho. La propia jueza se hizo presente en el lugar, junto a personal de Casa Militar, a cargo de la custodia interna de la residencia del presidente.
La División Homicidios de la PFA también se hizo presente en el lugar. La hipótesis preponderante es la de un suicidio: junto al cuerpo, confirman altas fuentes del caso a la prensa, se halló una carta, presuntamente escrita por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia, donde indicaba que debía una fuerte suma de dinero.
Tal como comunicaron distintos medios, Rodrigo Gómez era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones, estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil comercial y crediticio, consultado por los medios de comunicación, muestra deudas en blanco de diversa antiguedad por casi dos millones de pesos a diferentes bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. La Casa Militar, que controla la custodia de la Quinta, depende de la Secretaría General de Presidencia.
La información disponible ya fue remitida a la jueza Arroyo Salgado. El disparo que le quitó la vida habría sido realizado con un FAL.
Según trascendidos, el cuerpo fue hallado “dentro de uno de los puestos internos”; el arma estaba junto a él. “De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes”, continuó el informe. Así, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención, junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza. La autopsia al cuerpo será practicada en la Morgue Judicial de CABA. El móvil de traslado estaba presente en la Quinta poco después de las 12 AM.
En junio de este año, la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado. En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.
El comunicado oficial del Gobierno:
"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.
Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.
Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.
La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".