La causa se inició en octubre de 2024 a raíz de una denuncia que daba cuenta de la existencia de una organización que sería liderada por un ciudadano argentino, cuyo objetivo principal consistía en reclutar empleados del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en Ezeiza, que facilitaran el ingreso de clorhidrato de cocaína a la zona restringida de la terminal aérea.
Posteriormente la remitían al exterior en una aeronave donde otros trabajadores “infieles” de la aeroestación de destino procedieron a retirarla y entregarla a miembros de una estructura ilícita internacional.
En función de ello, la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la PSA lograron establecer en primera medida la imposibilidad del sospechado en llevar a cabo su cometido por los controles de seguridad que se realizan a diario, sumado a la falta de captación de cómplices en el accionar delictivo.
Continuando con las pesquisas, se logró establecer que el investigado no solo procuraba enviar cocaína hacia Europa, sino que además poseía múltiples emprendimientos vinculados al rubro logístico, alquiler de flotas vehiculares y un local de venta de indumentaria en el barrio de Flores, el cual carecía de movimiento comercial; todas eran actividades que aparentaban ser utilizadas para otorgar aspecto de legitimidad a operaciones ilegales.
También se pudo determinar las identidades y los domicilios de los integrantes de un segundo grupo delictivo que, bajo la figura de “cultivador solidario”, se dedicaba al cultivo, fraccionamiento, distribución y comercialización de marihuana en todas sus etapas de producción.
Dicha actividad se realizaba en dos galpones de grandes dimensiones ubicados en las localidades bonaerenses de Isidro Casanova y González Catán. La sustancia era distribuida tanto en locales del AMBA como en considerables cantidades a distintos revendedores.
La extensa información recopilada mediante escuchas, transcripciones y análisis de intervenciones telefónicas y prolongadas tareas de campo, permitió establecer que la estructura delictiva estaba compuesta por al menos 20 miembros, con roles y funciones claramente definidos.
Todo ello derivó en la ejecución de 37 procedimientos desarrollados en tres etapas, en los meses de abril, mayo y noviembre del corriente año, que arrojaron como resultado seis personas detenidas -incluido el cabecilla-; 26.615 gramos de marihuana en estado floral; 510 plantas de marihuana; más de 1.000 semillas; 160 gramos de clorhidrato de cocaína; 18 vehículos; balanzas de precisión; prensas hidráulicas; armas de fuego; más de 12.000.000 de pesos argentinos; 81.450 dólares estadounidenses; 32.730 euros; telefonía celular; elementos electrónicos y diversos documentos de interés para la causa.