Este miércoles a partir de las 14:00, tendrá lugar en la Cámara de Diputados, una sesión en la que se debatirán los proyectos de Presupuesto 2026, de Inocencia Fiscal y de Compromiso Fiscal. El oficialismo logró dictamen en comisión de las tres iniciativas gracias al apoyo de los legisladores de los aliados del PRO y la UCR, el MID y de diputados que responden a provincias "independientes".
La sesión especial fue solicitada por el presidente de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien pidió el tratamiento de los tres expedientes.
Para llevar los proyectos al recinto, el oficialismo primero tuvo que obtener los respectivos dictámenes. En la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside "Bertie" Benegas Lynch, la llamada ley de gastos obtuvo dictamen a favor con 28 firmas y 6 disidencias. Mientras que dos dictámenes de minoría fueron impulsados con 18 firmas por el bloque Unión por la Patria; y otro con 3, del interbloque Provincias Unidas.
En cuanto al proyecto de Compromiso Fiscal, se alcanzaron también 28 firmas, pero con 4 disidencias. Unión por la Patria también presentó su propio dictamen.
El tercer proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo un dictamen de mayoría con 44 firmas de los 76 diputados presentes.
Qué propone el Presupuesto 2026:
La llamada 'Ley de leyes' proyecta gastos totales por $148 billones, con un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero positivo del 0,3%. En el proyecto, el Gobierno estima una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5% para todo el año próximo.
Además, la iniciativa del oficialismo incluye el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en discapacidad y a los presupuestos universitarios, respectivamente.
Prevé también que las prestaciones sociales que incluyen jubilaciones, planes sociales y asignaciones familiares tendrán un aumento real del 5,7%. Dentro de ese esquema, las jubilaciones mostrarán una mejora real promedio del 6%, aunque con diferencias según el nivel de ingresos.
Los fondos destinados al bono extraordinario para quienes cobran la jubilación mínima sufrirán una caída real del 13,8%, lo que implicaría mantener el monto congelado en $70 mil durante todo el año. En ese contexto, la jubilación mínima tendría una baja cercana al 1%, mientras que el resto de los haberes crecería alrededor del 2,2%.
El presupuesto también prevé una reducción real del 10,6% en las partidas destinadas a las pensiones por discapacidad, asociada a un recorte de aproximadamente 155 mil beneficios.
Qué propone el proyecto de Inocencia Fiscal:
La iniciativa plantea un cambio de enfoque en el sistema tributario al establecer que el contribuyente será considerado inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. El objetivo es simplificar los procedimientos impositivos y reducir la carga administrativa, con la expectativa de que personas vuelquen al circuito formal ahorros acumulados durante los años del cepo.
Según el Gobierno, una menor presión de controles automáticos permitiría reactivar transacciones cotidianas, inversiones de pequeña escala y operaciones vinculadas a bienes registrables, como inmuebles y automóviles, sin el temor constante a inspecciones o sanciones penales.
El proyecto reduce el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria a tres años, lo que limita la posibilidad de iniciar denuncias penales, aunque al mismo tiempo incrementa las multas por incumplimientos fiscales.
Además, eleva de manera significativa los montos mínimos para tipificar delitos tributarios y crea un régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas, que presume la veracidad de lo declarado y otorga efecto liberatorio del impuesto a las ganancias, salvo en casos de omisiones graves o documentación falsa.
El proyecto de Compromiso Fiscal:
Establece que el Presupuesto general del Gobierno deberá contemplar un resultado equilibrado o superavitario y prevé un mecanismo automático de ajuste ante una caída de los ingresos o un aumento del gasto.
Además, dispone que toda nueva ley que implique erogaciones deberá incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, con la identificación de su fuente de financiamiento. Las normas que autoricen gastos no previstos solo entrarán en vigencia cuando sean incorporadas al presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que cuenten con recursos específicos.
En cuanto a la reforma del Código Penal, la iniciativa tipifica nuevos delitos para los funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin respaldo de recursos, con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta.
Las sanciones se agravan para funcionarios del Banco Central que autoricen emisión monetaria irregular o impulsen su circulación con conocimiento de su origen ilícito, con penas de tres a diez años de prisión, que se duplican si se acredita un ánimo de enriquecimiento personal o de terceros.