El operativo en sus favelas con los cadáveres exhibidos en la vía pública marcó un antes y un después en materia de acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico en Sudamérica. Geopolítica en juego y la incertidumbre por el temor a la venganza.
Río de Janeiro fue protagonista del megaoperativo policial más letal en su historia con un saldo de 132 muertes, 113 detenidos y 118 armas incautadas incluyendo un fusil FAL argentino.
Los pasillos de las 16 favelas de los complejos Penha y Alemão, ubicadas en el norte de ciudad a quince minutos del Aeropuerto Internacional Galeão y a media hora de las playas de Copacabana ardieron durante horas con escenas dantescas y columnas de humo que se visualizaban a kilómetros de distancia.
Los cadáveres fueron recuperados de la zona selvática de los morros, donde fueron arrinconados por la policía, por los propios moradores que los cargaban en cajas de camionetas para luego exhibir el horror espeluznante de la muerte a cielo abierto alineada en la vía pública frente a una multitud muda. No había presencia del Estado ni policía.
Personal de bomberos colaboraron para embolsar los cuerpos, representantes de la Defensoria del Pueblo asistieron a familiares quebrados, un puñado de abogados cariocas de traje ofrecía sus servicios y periodistas de cadenas brasileñas, varios con capacitación especial para el ingreso a favelas, chalecos antibalas, seguro de vida y asistencia psicológica le daban cobertura.
Cuatro medios televisivos argentinos logramos también acceder para reflejar en vivo el día después de la masacre con vehículos incendiados bloqueando el acceso todavía humeando en la zona. Las morgueras no daban abasto para retirar los cadáveres y trasladarlos hasta el Instituto Médico Legal. En esa base científica brasileña todavía permanecen la mayoría para ser sometidos a autopsias con orificios de arma de fuego en distintas zonas de sus cuerpos y en algunos casos decapitados. Sus cabezas fueron exhibidas en árboles con los cabellos teñidos de rojo, como fieles representantes del Comado Vermelho y difundido luego con videos grabados con celulares. Las morgueras también trasladaron menores.
OPERATIVO CONTENCIÓN VS. MASACRE
El Grupo BOPE (Batallón Policial de Operaciones Especiales) con un entrenamiento feroz, que varios aspirantes no superan, fue la Fuerza seleccionada para ingresar a las favelas. Una investigación de un año focalizada en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El día del operativo fueron recibidos con drones con bombas y barricadas en los accesos. Sospechan que estaban alertados al menos cuatro horas antes. Cuatro efectivos perdieron la vida y fueron despedidos con honores. Desde un helicóptero de la Policía Militar del Brasil arrojaron pétalos de rosas en el traslado de los féretros. Frente al emblemático Hotel Copacabana Palace ubicaron cruces negras en la arena con sus fotos y consigna policial permanente. Decenas de cariocas que practicaban su rutina aeróbica terminaron arrodilladas frente a las cruces.
Para el Gobernador de Río, el excantante de iglesias evangélicas Claudio Castro, el operativo “fue un éxito” y calificó solo a los policías que perdieron la vida en los pasillos de las favelas como las “únicas víctimas”. No esconde su cercanía al expresidente Jair Bolsonaro, hoy con arresto domiciliario, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado en 2023.
Del otro lado de la grieta brasileña, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende su reelección, optó por no enviar al Ejército a la “ciudad maravillosa” pero sí colaborar para reforzar el patrullaje en sus calles y blindar la zona turística. Los legisladores del oficialismo no dudaron en calificar de “masacre” lo ocurrido y reclamaron la urgente intervención judicial.
Desde el Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anunció reuniones con autoridades locales y solicitó que se custodie toda prueba que pueda ser útil para esclarecer el caso focalizando en las autopsias.
Mientras tanto en las favelas adelantan que pretenden organizar funerales masivos y reclaman con protestas urbanas, acompañados por organizaciones sociales y partidos de izquierda, además de cientos de motociclistas que bajan a diario de los morros, que entreguen los cuerpos a sus familiares para el último adiós. 99 fallecidos ya fueron identificados, el resto precisa de exámenes de ADN que pueden demorar hasta un mes. 78 tenían antecedentes criminales incluyendo homicidio y 42 permanecían prófugos de la justicia.
Una encuesta digital realizada por Atlas Intel, difundida en la televisión brasileña, sobre 1600 casos, reflejo que el 86,1% está a favor de estas operaciones y el 34,1% las considero muy positivas. Datos que amplían el clima de tensión latente entre distintos sectores de la sociedad brasileña y una herida abierta en la octava economía del Planeta que promete más capítulos.
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