Se publicó en el Boletín Oficial la polémica reforma inmigratoria. Solo con estar procesado, el Estado podrá expulsar a un inmigrante y prohibirle su reingreso por 8 años.
Finalmente, la polémica reforma inmigratoria del Gobierno de Cambiemos ya es realidad. A través de un DNU, ahora el Estado podrá expulsar a un extranjero sin estar condenado y con un proceso "sumarísimo". De esta forma, prohibirá el ingreso o su vuelta a la Argentina por un período de 8 años.
Con el DNU 70/2017, el oficialismo defendió esta medida como una manera de combatir la inseguridad, pese a que el porcentaje de extranjeros en los servicios penitenciarios de las provincias no superan el 6 por ciento. Según se indicó, "ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación".
El decreto implica una reforma de la ley de Migraciones sancionada durante el kirchnerismo. La nueva normativa, que deberá ser ratificada por el Congreso pero mientras tanto sigue en vigencia, impide el ingreso o la permanencia en el país de extranjeros que, en Argentina o en el exterior, tengan antecedentes de delitos que en nuestro país merezcan la pena de cárcel.
Luego, aclara que debe entenderse por antecedentes "a todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable". Como todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, y para ello hace falta un juicio, la medida implica que basta una sospecha judicial para expulsar a un extranjero que, hasta ese momento, es inocente.
Anteriormente, para ser expulsado era necesario para la expulsión o prohibición de ingreso haber sido condenado con prisión efectiva; es decir, una pena de 3 años o más de cárcel.
Curiosamente, el propio Franco Macri, de nacionalidad italiana, habría sido expulsado en 2001 con esta normativa, tras haber sido procesado junto al hoy Presidente de la Nación en una causa que investigaba presunto contrabando de vehículos vía Uruguay.