El intendente de Quilmes fue denunciado penalmente por su presunta responsabilidad en "la sostenida actividad de vuelcos ilegales de basura que el propio Municipio realiza en la llamada Quema municipal" de la Ribera.
La denuncia fue efectuada por el diputado provincial Fernando Pérez y los concejales Ariel Domene, Oscar García y Cristian Alvarez de la UCR, junto al ex intendente y diputado provincial Sergio Villordo y las ediles Patricia Caparelli y Agustina Fredesse del Frente Renovador.
La presentación ante los tribunales penales quilmeños involucra al intendente, su secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares y el director de Higiene Urbana, Horacio Rojas, quienes "debieron controlar el sostenimiento de la clausura de la quema municipal" de la calle Italia.
En el correspondiente escrito se plantea que los predios de la Quema, pese a su clausura, "mantuvieron su actividad en forma continua, generando un estado de riesgo sanitario grave en la población circundante y en la comunidad educativa de la Escuela Técnica 7 (ex IMPA), ubicada a metros del lugar".
Los legisladores piden que la Justicia investigue la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como también aquellos que entienda configurados en orden a la violación de la normativa provincial y nacional sobre disposición final de residuos sólidos urbanos, por parte del jefe comunal quilmeño y sus funcionarios.
La presentación judicial fue acompañada por actas notariales y nutrido material fotográfico, que da cuenta del tipo y riesgo de los residuos hallados. En este sentido, mencionan la existencia de hallazgos que conllevan el contagio de enfermedades como "leptospirosis, teniasis, triquinosis, toxoplasmosis, cólera, salmonella, disentería y parásitos", además de los cuadros como "bronquitis, rinitis y espasmos".
Según explicaron, en el lugar se han hallado "materiales ferrosos, apósitos, pañales, restos de medicamentos, residuos patogénicos, restos cadavéricos de animales, pilas, aerosoles y residuos electrónicos".
La presentación penal solicita el dictado de una medida cautelar que imponga la "inmediata intervención al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, para que proceda a determinar si el predio cumple con los requisitos mínimos de exigibilidad ambiental, si esta autorizado para el depósito final de residuos domiciliarios y si se atenta contra la salud y el medio ambiente".
Asimismo, solicitaron "un minucioso estudio de las napas freáticas que determine la carga bacteriológica del agua en la zona".
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27 de febrero de 2014