Jonathan Damián Alí murió por una falla multiorgánica y ahora se espera el resultado de la autopsia, para determinar si el fiscal de Avellaneda que investiga el caso, Alejandro Rojas, puede recaratularlo como “homicidio”.
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“El tema es determinar, como creemos nosotros, si lo que llevó a Jonathan a ese cuadro fue la paliza que le dio la Policía mientras estaba internado”, dijo María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quien representa a los padres de la víctima.
El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de octubre, cuando Alí fue detenido con una herida de bala en la espalda, acusado de haber querido asaltar a un comisario, que se defendió a los tiros mientras pescaba con amigos en el río San Pedro.
Como requería una intervención quirúrgica compleja, el joven fue derivado el 18 de octubre al Hospital Fiorito, donde, según explicó Verdú, “la operación salió bárbara, al punto que le dijeron a los padres que regresaran tranquilos a San Pedro para preparar nuevamente el traslado”.
“Jonathan quedó recuperándose de la operación esposado a la cama del hospital y con tres policías de custodia permanente en el Fiorito. El problema fue cuando, al día siguiente de que viajaran a San Pedro, desde el hospital llaman a los padres para avisarles que el cuadro se había complicado y había riesgo de muerte”, explicó Verdú.
Según la abogada de Correpi, Alí presentaba “lesiones internas en los órganos, tenía la cara destrozada y presentaba hematomas importantes en un ojo, que luego terminó perdiendo”.
“Desde el hospital dijeron que el paciente era conflictivo y agresivo, que se había caído de la cama y que su cuadro se complicó por infecciones, pero una infección no deja un hematoma en un ojo”, afirmó la letrada.
“La hipótesis más firme es que los tres policías que lo custodiaban lo molieron a palos”, señaló Verdú, quien además comentó que fueron los propios médicos del hospital los que hicieron la denuncia en la Policía cuando vieron el estado en el que se encontraba el joven.
Con el asesoramiento de Correpi, los padres del preso radicaron la denuncia por "apremios ilegales" en la fiscalía de Avellaneda. y la causa recayó en la UFI 3, cuyo titular, el fiscal Rojas, ya secuestró la historia clínica y la documentación del paciente, y comenzó a citar a declarar a médicos y enfermeras.
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