Ya son 35 los detenidos vinculados a la denominada “Banda del Millón”, una organización delictiva que operaba con robos violentos a viviendas del norte del conurbano bonaerense y que era dirigida, en parte, desde cárceles bonaerenses.
La investigación, encabezada por el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, permitió constatar nuevos hechos que, según la hipótesis fiscal, fueron guiados por líderes de la organización desde unidades penitenciarias y ejecutados por menores de edad y jóvenes reclutados para concretar los asaltos.
Uno de los señalados como jefe de la banda es Hugo San Martín, quien se encuentra alojado en la Unidad 9 de La Plata y, de acuerdo con la pesquisa, contaba en su celda con diversas comodidades: una consola PlayStation, un televisor de 42 pulgadas, luces de neón, parlantes para reproducir música a alto volumen y marihuana.
El interno “vivía como un rey” en su lugar de detención y que desde allí mantenía contacto permanente con otros integrantes de la organización.
El hecho más reciente atribuido a la banda ocurrió el 9 de enero pasado, durante la madrugada, en una vivienda ubicada en Emilio Mitre al 100, en Martínez, partido de San Isidro, donde reside Mónica Eugenia Mancini (82), jubilada e influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram.
Según la reconstrucción judicial, tres delincuentes escalaron la reja frontal, accedieron por el techo hacia un patio interno y, alrededor de las 2.30, sorprendieron a la víctima dentro de la casa. La empujaron al piso, le provocaron lesiones en la espalda y la amenazaron con un cuchillo tipo Tramontina sustraído de la cocina.
“Dame la plata, callate o te matamos” y “te voy a pegar un tiro”, le habrían dicho los asaltantes, quienes también la intimidaron con “quemarla con agua caliente” mientras la ataban de pies y manos. Los investigadores señalaron que existe material fílmico del momento en que la reducen.
De acuerdo con la pesquisa, los ladrones eran guiados en tiempo real por uno de los líderes de la banda mediante una videollamada desde la cárcel, quien aportaba datos sobre la rutina y los movimientos de la víctima a partir del análisis de su perfil público en redes sociales.
Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, euros, un collar dorado, un teléfono celular y documentación personal. Además, bajo amenazas de muerte, obligaron a la mujer a entregar sus claves bancarias y realizaron transferencias hacia una cuenta de Mercado Pago vinculada a otros integrantes de la organización, algunos de ellos también detenidos. Antes de huir, cerca de las 5.30, dejaron a la damnificada atada con cinta.
La causa también investiga un segundo hecho bajo la modalidad “escruche”, cometido en una vivienda de la calle Puerto Rico al 900, en Martínez, donde residen Martín Ezequiel Mazza (31) y Dolores Campos Arbulú (31).
En ese caso, varios hombres escalaron la reja perimetral y, mediante un criquet, forzaron una ventana para ingresar al domicilio, del que sustrajeron dinero en pesos y dólares, electrodomésticos, relojes, una notebook, carteras, una cámara 360° y prendas de vestir de alta gama.
A partir del análisis de cámaras públicas y privadas se identificó un Ford Fiesta blanco, dominio AC-970-NX, que fue interceptado días después en Billinghurst. Su conductor, Lautaro Gabriel Ortiz (22), quedó detenido.
Tras tareas de investigación tecnológica realizadas por la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal, que incluyeron análisis de comunicaciones, rastreo de CBU y movimientos de fondos, la Justicia ordenó allanamientos en unidades penitenciarias y domicilios vinculados a la banda.
En la Unidad 45 de Melchor Romero, pabellón 9, celda 9, fue aprehendido Brandon Imanol Brites (19) y se secuestró un teléfono celular. En la Unidad 9 de La Plata, pabellón 10, celda 20, fue detenido Lucas Ezequiel Merelles (20), donde se incautaron tres celulares.
Los investigadores señalaron que Brites y Merelles compartían alojamiento en la Unidad 45 y que desde allí organizaban y dirigían telefónicamente los robos, una modalidad que —advirtieron— se ha vuelto habitual entre reclusos que acceden de manera ilegal a dispositivos móviles para continuar con actividades delictivas desde el encierro.