La medida tiene como fecha tope los agentes que al 30 de junio de este año ya cumplieron con los 60 años de edad y los 35 de servicio como mínimo. Todo hace suponer que igual decisión se tomará para los que estén en condiciones de jubilarse durante el segundo semestre de este año, pero al inicio de 2010.
La medida podrá resentir áreas claves de la burocracia provincial teniendo en cuenta que estos empleados son los que conocen con mayor precisión los aspectos administrativos de la función pública, aunque será el sector docente el que más sentirá el ajuste por cuanto hay miles de maestros y directivos que, por pedido personal o porque no hay reemplazos con el mismo nivel técnico, que continúan en funciones a pesar de estar ya el condiciones de jubilarse.
Sin embargo, la decisión se tomó teniendo en cuenta la endeble situación económica bonaerense y estos empleados y profesionales son, en todos los casos, los que mayor carga salarial le generan al estado provincial debido a sus aportes y lo elevado que están en los escalafones de cada dependencia.
Esta decisión se adoptó en la misma semana que los proveedores de áreas esenciales como la de los comedores escolares y los insumos médicos anunciaran que resentirán completamente los servicios que prestan en desacuerdo con la cancelación de deudas a través del bono emitido por la Provincia para todos los proveedores que tengan acreencias superiores a los $300.000 con el gobierno bonaerense.
Mientras que la Asociación de Proveedores de Servicios y Alimentos para los Comedores Escolares anunciaron que no mantendrán el servicio durante el receso estival, con lo que afectarán a los chicos que concurren a las colonias que organizan los consejos escolares en todos los municipios, la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado bonaerense, que abastece insumos hospitalarios, ya ha dejado de proveer elementos esenciales por lo cual se han reprogramado cirugías en todos los hospitales públicos.
Esta Federación, que agrupa a unos 3.500 proveedores y abastece a los 77 nosocomios provinciales, denunciaron que casi la mitad de las empresas tienen atrasados sus cobros entre seis y doce meses, motivo por el cual hace algunos meses el ministro de Salud, Claudio Zin, quien podría dejar su cargo al inicio del año próximo, tuvo que modificar toda el área administrativa de su cartera.
La cadena de pagos de la mayoría de los prestadores provinciales está rota. En el caso de los proveedores de los comedores escolares, la falta de efectivo le impide seguir comprando mercaderías para luego elaborarlas y distribuir el producto terminado en los colegios de la Provincia, mientras que las distribuidoras de insumos hospitalarios no pueden siquiera retirar pedidos importados o realizar nuevas adquisiciones tanto en el exterior como en el país.
"Proveedores que venden insumos importados para la salud nos dicen que ya no tienen dinero para sacar la mercadería del puerto porque el Estado les debe facturas de nueve meses. Y los distribuidores tampoco pueden hacerlo porque las marcas se niegan a darles crédito para que puedan seguir retirando mercadería", detalló el titular de Femape, Daniel Amato.