La madre de la vedette Ayelén Paleo, identificada como Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires, acusada de integrar una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres mayores de edad. Fueron rescatadas 12 mujeres de entre 22 y 45 años.
La investigación, a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, derivó en una serie de 15 allanamientos realizados de manera simultánea en distintas provincias y que permitieron rescatar a varias víctimas y secuestrar elementos de prueba.
Rodrigo fue señalada como la persona encargada de tomar fotografías a las mujeres explotadas, material que luego era utilizado para la publicación de perfiles en plataformas de oferta sexual. En el domicilio donde fue arrestada se secuestraron equipos informáticos, cámaras fotográficas, celulares, cuadernos con anotaciones y hasta una máquina de contar dinero.
Los procedimientos se efectuaron en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Santa Rosa (La Pampa). En total fueron emitidas 15 órdenes judiciales, de las cuales cinco se llevaron a cabo en la capital pampeana, dos en Rosario, tres en Berazategui, una en Quilmes, una en La Plata, dos en Bahía Blanca y otra en la Capital Federal.
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada el 23 de noviembre del año pasado. A partir de allí, los investigadores reunieron pruebas que confirmaron la existencia de una organización dedicada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad, bajo la promesa de trabajos de limpieza, para luego obligarlas a la prostitución.
El expediente se tramita bajo la órbita de la UFI N°1 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, con intervención de distintos juzgados, entre ellos el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, además de magistrados de Rosario, La Pampa y la Justicia Nacional de Rogatorias.
Los investigadores establecieron que la red contaba con departamentos destinados a la explotación sexual en varias ciudades del país y que las víctimas eran trasladadas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días para rotarlas entre las distintas locaciones.
Según se desprende del expediente, las mujeres eran obligadas a abonar un “book fotográfico” valuado en 90 mil pesos, requisito para la creación de perfiles que luego eran publicados en sitios como Platynum y Skokka.
La organización, además, manejaba un “call center” desde Berazategui, donde se recibían mensajes de clientes por WhatsApp. Desde allí se derivaban los turnos a los distintos prostíbulos que funcionaban en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.
Durante los allanamientos también fue arrestado en Santa Rosa, La Pampa, Carlos Alberto Molina, de 62 años, quien oficiaba de socio y regenteaba tres departamentos alquilados que eran utilizados como prostíbulos. En su poder se incautaron más de 13.000 dólares, 175 euros, celulares, anotaciones y preservativos, entre otros elementos.
En territorio bonaerense fue detenida Noelia Elizabeth Avalos, de 42 años, sindicada como la jefa y financista de la organización. En tanto, en Berazategui fue aprehendida Noelia Macarena Lacuadra, de 29, señalada como la desarrolladora web encargada de mantener las publicaciones en línea.
La justicia también imputó a Claudia Noemí Aroca, de 40 años, sobre quien pesó una acusación por su presunta participación en la estructura criminal.
Como resultado de los operativos se rescataron víctimas en distintas jurisdicciones: una mujer en Córdoba, seis en Santa Fe (con edades de entre 22 y 45 años) y cinco en la provincia de Buenos Aires, entre ellas una ciudadana paraguaya domiciliada en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la investigación, las mujeres debían entregar a la organización hasta el 90 por ciento de lo recaudado por cada encuentro sexual. En los casos de incumplimiento o retraso, eran amenazadas de muerte.
El análisis financiero reveló que la red canalizaba parte de sus ganancias a través de cuentas de la plataforma Mercado Libre. Una de ellas recibía transferencias mensuales que rondaban los 5,6 millones de pesos, mientras que otra alcanzaba casi los 7 millones, evidenciando la magnitud económica de la actividad ilegal.
En total, los allanamientos dejaron como resultado la incautación de notebooks, discos externos, cuadernos con registros contables, contratos de alquiler de los departamentos utilizados, ropa interior, lencería erótica, preservativos y geles íntimos.
Las víctimas fueron entrevistadas por equipos especializados del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que elaborarán informes para la Justicia.
Fuentes del caso remarcaron que la organización operaba con una estructura definida y roles específicos: una jefa y financista, un socio encargado de los inmuebles, una desarrolladora web, y Rodrigo como logística y fotógrafa.