El misterioso asesinato de Omar Gutiérrez, ex comisario de la Bonaerense y hermano del actual intendente de Quilmes, no prescribirá y seguirá investigándose, según resolvió el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que votó en concordancia con un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado de un disparo el 29 de agosto de 1994, mientras investigaba la posible vinculación de un depósito fiscal de la denominada "Aduana Paralela" que estaba en la misma manzana donde funcionaba la comisaría que tenía a su cargo.
Según publica el diario El Día de La Plata, los jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky también desestimaron la posibilidad de declarar caduca las instancias y cerrar la causa. Es más, ordenaron "dar inmediata intervención al Fiscal General de La Plata a fin que designe el (los) agente (s) que deberá (n) realizar una investigación completa, imparcial y efectiva con el objeto de determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hayan intervenido en la preparación y ejecución del homicidio, como en la eventual alteración o desaparición de elementos de prueba, favorecimiento personal de los anteriores u omisión de investigar y/o denunciar lo que correspondía investigar y/o denunciar, comunicando sus avances, cada tres meses, a la Suprema Corte y a la Sala”.
La decisión de los jueces platenses implica la continuidad de las investigaciones sobre el crimen del comisario Jorge Gutiérrez, más allá de la autoría material del hecho y dirigir los esfuerzos judiciales a los presuntos autores intelectuales del asesinato. En ese contexto, las pesquisas podrían volver a rondar sobre la presunta responsabilidad de un empresario vinculado a la corporación que controla la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Al expedirse sobre el caso Gutiérrez, Casación refirió al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ante un recurso presentado por la familia de Gutiérrez entendió que el Estado argentino tiene responsabilidad por la vulneración del derecho a la vida y, respecto de sus familiares, "por la violación de garantías y protección judicial previstos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos".
19 de mayo de 2013
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