En la discusión pública argentina, pocas ideas logran instalarse con tanta fuerza como aquellas que apelan a la sospecha. En los últimos años, el concepto de “falsas denuncias” en el marco de la violencia de género se convirtió en una de esas nociones que, aun con escaso sustento empírico, circula con intensidad en redes sociales, discursos políticos y algunos medios. La lógica es simple y efectiva: tomar un caso puntual, amplificarlo y convertirlo en representación de un fenómeno supuestamente generalizado.
Sin embargo, cuando se corre el foco del impacto anecdótico y se observan los datos disponibles, el panorama cambia de manera significativa.
Argentina no cuenta con estadísticas oficiales sistemáticas que midan específicamente la incidencia de falsas denuncias en casos de violencia de género. Esta ausencia, lejos de habilitar afirmaciones contundentes, debería invitar a la prudencia. Aun así, existen referencias consistentes a nivel comparado y en estudios especializados que permiten ubicar el fenómeno en perspectiva.
Organismos internacionales sitúan el porcentaje de denuncias falsas por debajo del 1% del total. En países con registros judiciales más consolidados, como España, las causas iniciadas por denuncias falsas en violencia de género oscilan en niveles aún más bajos: entre el 0,02% y el 0,008%.
Incluso tomando estimaciones más amplias del sistema penal en general, el número rara vez supera el 3%, y en la mayoría de los casos no está vinculado a este tipo de delitos.
Mientras la atención pública se concentra en un fenómeno marginal, otros indicadores reflejan una problemática mucho más extendida: la subdenuncia.
Diversos estudios coinciden en que una proporción significativa de mujeres que atraviesan situaciones de violencia no recurre al sistema judicial. En delitos sexuales, por ejemplo, los niveles de no denuncia pueden superar el 80%. En casos de femicidio, no es infrecuente que las víctimas no hayan realizado denuncias previas.
El contraste es evidente: el sistema no está saturado de denuncias falsas, sino atravesado por una cantidad considerable de hechos que nunca llegan a formalizarse.
El mecanismo de instalación del tema responde a una dinámica conocida: la generalización a partir del caso extremo. Un episodio puntual se presenta como evidencia de una tendencia. La reiteración mediática y la circulación digital hacen el resto.
En ese proceso, los datos pierden centralidad frente a la percepción. Y la percepción, cuando se consolida, puede operar como verdad social incluso en ausencia de evidencia.
Especialistas en derecho y organizaciones sociales advierten que sobredimensionar el problema de las falsas denuncias no es inocuo. Puede desalentar a víctimas, reforzar prejuicios y desviar el foco de políticas públicas necesarias.
Las denuncias falsas existen. El sistema penal las contempla y sanciona. Negarlo sería tan incorrecto como afirmar que constituyen un fenómeno extendido.
La evidencia disponible indica que se trata de casos excepcionales. Convertirlos en regla no responde a un análisis basado en datos, sino a una operación discursiva que simplifica la complejidad del problema.
En un escenario donde la violencia de género continúa siendo una deuda estructural, el desafío no pasa por amplificar lo marginal, sino por abordar lo urgente: garantizar condiciones reales para que las víctimas puedan denunciar, ser protegidas y acceder a justicia.
Porque cuando el caso aislado se vuelve regla, lo que se distorsiona no es solo la estadística. Es, sobre todo, la realidad.
Mariano Lizardo
Abogado penalista, ex integrante del ¨Poder Judicial y analista de política criminal. En la actividad privada asesora a empresarios, dirigentes y figuras públicas en conflictos penales de alta exposición. Con experiencia tanto dentro del sistema judicial como en la defensa de intereses en escenarios de poder, participa habitualmente en medios de comunicación analizando los debates más sensibles sobre justicia, seguridad y legislación penal.