La causa corresponde a la cuarta etapa de la denominada “Operación Jackal”, iniciada en 2019, que permitió exponer una estructura delictiva con ramificaciones en distintos países. En fases anteriores, el operativo derivó en noventa y dos detenciones y más de ciento veinte allanamientos.
Si bien el perjuicio económico total aún no pudo determinarse con exactitud, se estima en al menos trescientos millones de pesos argentinos, ochocientos mil dólares estadounidenses y setecientos mil dólares en criptomonedas (Bitcoin).
La pesquisa fue desarrollada por la División Delitos Tecnológicos de la PFA, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del Dr. Manuel De Campos, Secretaría de la Dra. Tamara García.
De acuerdo con lo establecido, la organización operaba mediante sofisticadas maniobras de ingeniería social. Entre las modalidades detectadas se destacan las estafas “románticas”, en las que los implicados simulaban vínculos afectivos para luego solicitar dinero, y el fraude B.E.C. (Business Email Compromise), dirigido a empresas mediante la suplantación de identidad de proveedores y la manipulación de comunicaciones comerciales, induciendo a transferencias hacia cuentas controladas por la red.
Una vez obtenidos los fondos, eran canalizados a través de cuentas “mulas”, extracciones fragmentadas y su conversión en criptomonedas, para luego ser enviados al exterior y dificultar su rastreo.
Durante esta etapa se detectaron transferencias ilícitas hacia diversos países, así como vínculos con estructuras de financiamiento ilegal a nivel internacional. En ese marco, se identificaron integrantes de distintas nacionalidades, entre ellas argentina, venezolana, boliviana y peruana.
Asimismo, se establecieron conexiones con el grupo criminal “Black Axe”, considerado una de las principales amenazas globales en materia de fraude cibernético. También se investigan posibles circuitos de financiamiento ilícito con proyección internacional, incluyendo eventuales derivaciones hacia organizaciones extremistas.
En este contexto, se detectaron operaciones con criptomonedas por aproximadamente setecientos mil dólares dirigidas a billeteras digitales radicadas en Nigeria, algunas con posibles vínculos con maniobras de financiamiento del terrorismo.
Con el material probatorio reunido, los efectivos llevaron adelante dieciocho allanamientos en las jurisdicciones mencionadas, que culminaron con la detención de diecisiete personas.
Del procedimiento participaron representantes del Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos, personal de la Interpol Financial Crime and Anti-Corruption Centre y miembros de la Dirección Nacional de Migraciones.
Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interviniente por el delito de estafa.