La policía paró a un "bondi" para trasladar a un preso

Las temáticas mediáticas se superponen, se unen y se desunen con el pasar del tiempo. En estos días la que está en jaque, sin dudas, es la cuestionada Bonaerense, aquel karma que aún no puede extirpar de sus preocupaciones el gobernador Daniel Scioli.

Si bien con el caso de la familia Pomar quedó al desnudo, en ciertas circunstancias, la ineficacia policial, con el motín ocurrido en la comisaría 8va de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, las críticas a la fuerza de seguridad afloraron sin reparo.  

Es que pasadas las 15:30 de ayer, luego del dudoso episodio, un efectivo no tuvo otro remedio para intentar salvar la vida de uno de los reos que había participado del motín. Por eso decidió llevarlo por sus propios medios (en colectivo) al hospital interzonal Diego Paroissien de Isidro Casanova, ya que el recorrido de la línea pasa por la Avenida Juan Manuel de Rosas, arteria ubicada a metros del lugar.

“Es verdad que ocurrió. Un policía frenó a un colectivo de servicio para trasladar a uno de los presos”, confirmaron a 24CON desde la empresa Nuevo Ideal S.A (NISA) encargada de la línea 620. De todas formas, sus esfuerzos fueron en vano. El detenido murió a los pocos minutos producto de la asfixia y las quemaduras del incendio provocado en el calabozo de la seccional.

De todas formas, se logró trasladar a los demás heridos en los móviles policiales y ambulancias, aunque quedó en evidencia que la estructura de la fuerza no dio a vasto, sobre todo, en un caso de tamaña emergencia. Y se notó, a pesar de que varios uniformados arriesgaron su vida. El saldo de la tragedia fue grave: cuatro presos muertos, uno grave, y tres policías heridos. La fiscal de la UFI Nº 6, Mariana Soggiodi, confirmó la identidad de las víctimas fatales: Jorge Luis Moya (26 años), Fernando Bufaro (22 años), David Moreyra y Pablo Sebastián Frías.

Las dudas

Las primeras versiones estimaban que 18 reclusos habían intentado fugarse a través de un boquete que habían cavado en la seccional. Que habían sido descubiertos por la policía en el calabozo y que, según la misma teoría, allí se desató la masacre. Lo cierto es que los detenidos incendiaron frasadas -y no colchones porque son ignífugos- en forma de protesta. Pero también se habló de represión y que los efectivos demoraron su accionar, lo que hizo crecer las llamas desatar la tragedia.

Por su parte, el comisario titular de la superintendencia operativa de la bonaerense Salvador Baratta, dio su visión de los hechos. "Si el personal no hubiera trabajado rápido, tendríamos 18 muertos", dijo.

Sin embargo, en la causa existe un manto de sospecha importante. Consultado por este medio, Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó: “Por un lado es de desconfiar, porque en todas las masacres se inventan versiones”. En igual postura reclamaron los familiares de las víctimas. “Protestaban por mejores condiciones de higiene y comida”, dijeron. Asimismo, otras fuentes estiman que no existió ningún tipo de pozo, por lo que investigadores en conjunto con la fiscalía analiza el lugar.

La ilegalidad

“Anunciamos que iba a pasar y que va a seguir pasando en la medida que sigan alojando a personas como animales. En las comisarías no tienen medida de seguridad, matafuegos, mangueras de incendio, no tienen equipos autónomos. Es decir, las condiciones son precarias, y encima, tanto comisarías como cárceles son sistemas de opresión, lo que hace a la persona estallar”, comentó el coordinador.

Es que la detención de personas en destacamentos o seccionales es ilegal. Pero por la superpoblación carcelaria existente en la Provincia, el ministerio de Seguridad no tiene demasiadas alternativas. Sumado a esto y tal como supone Cipriano, si se pone en práctica la reforma del Código Contravencional impulsada por el gobernador Scioli, en esta problemática puntual, la situación será peor. Yendo al grano, habrá más presos “clandestinos”, lo que desbordará aún más las estructuras carcelarias y el accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En la 8va de Lomas del Mirador, tal como lo confirmó el mismo Baratta, la capacidad de retención de imputados es de 10 personas. Ayer, habitaban el lugar 18 reclusos. Sin embargo el fenómeno no es ni nuevo ni único.

El caso recuerda a la detención de Luciano Arruga, quien fue visto por última vez el 31 de enero pasado en el destacamento, también, de esta localidad matancera. ¿Casualidad? En este caso el lugar ni siquiera estaba habilitado para la retención de personas y todo apunta contra la Bonaerense. Ayer se hicieron presentes sus familiares y amigos. Exigieron por su pronta aparición y por la “eliminación” de la policía de los barrios.

También hizo revivir los motines que se cobraron víctimas fatales. Como el de la comisaría 5ta de La Plata en 2000, donde murieron cuatro presos. El de Berazategui, al año siguiente, donde murieron tres personas, y el más reciente de la comisaría 1era de Quilmes, en 2004, por el cual hubo cuatro fallecimientos.

Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, la población carcelaria ascendía en marzo de 2008 a 21.104 detenidos, cifra que creció a 24.180 para el mismo mes de 2009. En comisarías, creció de 2.782 detenidos en diciembre de 2007 a 4.142 personas en marzo de 2009. En total, la Provincia tenía a marzo de este año 28.322 personas detenidas. Actualmente alcanza los 30.000.

El mismo estudio también arroja un porcentaje llamativo, y que pone en jaque al burocrático Poder Judicial. El 80 por ciento del total de presos, tiene prisión preventiva, es decir que no fueron condenados como culpables. Puede pasar hasta más de 3 años para que lleguen a juicio y, en ese caso, 1 de cada 4 de los acusados es absuelto.

15 de diciembre de 2009