Entre octubre de 2014 y enero de 2015, el Ministerio de Seguridad y Justicia, encabezado por Guillermo Montenegro, gastó mediante un sistema reservado para casos de “urgencia” e “imprescindible necesidad”, 41 millones de pesos en seguridad privada. Dos de las empresas contratadas fueron denunciadas en 2009 por la Sindicatura General porteña.
El Legislador porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, realizó un estudio de las contrataciones realizadas mediante los decretos 556 y 752/10 entre octubre de 2014 y enero de 2015. De ese estudio se desprende que, a pesar de contar con la Policía Metropolitana, el Ministerio de Seguridad y Justicia utilizó 48 veces ese mecanismo de contratación por el monto de $41.216.981
Cabe destacar que, el sistema de contratación previsto en los decretos 556 y 752/10, junto con las “contrataciones directas”, son contrataciones sin licitación. En esos casos, el Estado opta discrecionalmente por una empresa, sin que exista ningún mecanismo previo de control. Según la normativa, estas contrataciones deben estar debidamente fundamentadas y se deben utilizar excepcionalmente. Sin embargo, el macrismo distorsionó el objetivo original y utiliza este sistema para cancelar gastos corrientes y contratar empresas que no podrían ganar una licitación. “El macrismo utiliza constantemente este sistema de contratación, de forma discrecional y exagerada, casi ninguno de los pagos que sacan por esta vía responde a una urgencia concreta o a un caso imprevisible”.
El abuso de este sistema de contratación comenzó en 2010, cuando Mauricio Macri firmó dos modificaciones sustanciales. En primer lugar, el Jefe de Gobierno subió el tope de pago “a sola firma” a 2 millones de pesos, primero, y a 4 millones de pesos después. Además, habilitó a contratar sin límite cuando el pedido de pago venga con la firma del Ministro de Hacienda. A partir de estas modificaciones, inéditas en Argentina, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en la jurisdicción con mayor cantidad de contrataciones de urgencia del país. “Esta política, que sólo se justificaría ante una cadena de eventos imprevisibles –que no sucedieron- se explica a través de la impunidad que le garantiza al macrismo contar con contrataciones exprés sin control”, dijo Muñoz.
Para llevar a cabo las tareas de seguridad contratadas, el Ministerio de Seguridad y Justicia contrató a 9 empresas, dos de las cuales - Murata SA y Briefing Securuty-fueron denunciadas en 2009 por incurrir en “graves irregularidades”. En ese momento, la Sindicatura general porteña informó que ambas firmas –que debían custodiar el Instituto de la Vivienda- facturaron por "objetivos que figuran como custodiados, cuando por la propia naturaleza de los mismos resulta inverosímil que lo hayan sido". También detalló que "se han autorizado, facturado y abonado servicios de seguridad sin la indispensable compulsa con las prestaciones efectivamente realizadas”. Esto fue posible ya que, según la Sindicatura, "prácticamente no ha existido un control respecto a la concordancia de aquella con los servicios supuestamente prestados".
Entre los lugares que debían custodiar las empresas contratadas, figuran el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda, SBASE y las sedes de los Ministerios. “La semana pasada, 25 hospitales públicos porteños hicieron un paro de actividades en reclamo de seguridad. La medida de fuerza se originó luego de que dos jóvenes alcoholizados ingresaran en la guardia del Hospital Rivadavia y amenazaran a médicos y enfermeros con jeringas usadas, en ese mismo lugar, hace un año, violaron a una paciente” afirmó Muñoz y agregó “el Ministerio de Seguridad tiene las herramientas administrativas para contratar 200 efectivos de seguridad que custodien todos los hospitales públicos, pero decide no hacerlo, de los 41 millones de pesos en contrataciones de urgencia, el Ministro Montenegro no destinó un solo peso a reforzar la seguridad en los hospitales públicos”.
21 de abril de 2015