El secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli, desmintió que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esté siendo investigada por la Justicia y aclaró -en diálogo con CN23- que la Cámara Federal pidió que se investigue un decreto reglamentario que ella firmó.
“La Presidenta no firmó ningún acuerdo con Chevron sino que emitió un decreto el 11/07/13 que reglamenta la ley de Soberanía Hidrocarburífera con un régimen de promoción para la inversión. Este decreto tuvo la adhesión de todas las provincias y ahora está siendo denunciado por Bodart y Viale porque dicen que se extralimita en sus funciones", explicó.
En esa línea, aclaró que el acuerdo con Chevron fue firmado por YPF, no por la Presidenta. “El decreto fue reglamentario como tantos otros y, con el aval de las provincias; luego dio lugar a la firma del acuerdo de YPF y Chevron pero también es base para el acuerdo de YPF con empresas alemanas, mexicanas, indonesias para dar lugar a inversiones en áreas no convencionales por mil millones de dólares”.
Por la "difusión incorrecta de la noticia", Parrilli responsabilizó a “Clarín y Héctor Magnetto, quienes le dan infomación falsa a sus lectores y marcan agenda”. “Clarín nuevamente mintió, Magnetto, los Saguier y Mitre inducen a error a los lectores para dañar la imagen de la Presidenta e impedir el desarrollo de la Argentina. Ponen palos en la rueda”, remató.
La Cámara Federal reabrió ayer una investigación por la denuncia del legislador de Nueva Izquierda Alejandro Bodart que busca determinar si hubo abuso de autoridad en la creación del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. En la causa, el fiscal Eduardo Taiano había recomendado el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, ya que consideró que no existió "irregularidad o inobservancia legal" que pudiera configurar un delito.
Pero la jueza María Servini de Cubría anuló ese dictamen, que virtualmente cerraba la causa, y ahora la Sala II de la Cámara la respaldó. El fallo del tribunal no implica presunción de culpabilidad alguna. Los propios jueces advirtieron que "existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada", pero resaltaron: "Con independencia de cuál sea su resultado." El tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, había coincidido con el fiscal Taiano.
Ahora, otro representante del Ministerio Público deberá avanzar en la denuncia, que apunta a los supuestos delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa", en referencia al sistema denominado "fracking".
14 de mayo de 2014