Al menos cinco jueces de paz del Registro Civil de la provincia de Córdoba recurrieron a la "objeción de conciencia" para justificar su negativa de casar parejas del mismo sexo, después de la aprobación de la Ley 26.618 de matrimonio igualitario. Lorenzo Gatica, titular del organismo, autorizó la medida y argumentó que "no se los puede obligar a hacer algo contra su voluntad".
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Según el funcionario, "la Constitución provincial avala la libertad de conciencia" pero aseguró: "Esa objeción no impide que las parejas gay contraigan matrimonio. A todos se les garantiza el derecho a casarse, y para ello se designa a otro oficial que no presenta reparos de conciencia. Si hace falta, los casa el intendente de la ciudad".
La "libertad de conciencia" a la que refiere Gatica figura en al artículo 5 de la Constitución provincial, que dice: "Son inviolables en el territorio de la Provincia la libertad religiosa en toda su amplitud y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público".
En oposición a Gatica, el subdirector del Registro Civil de la Municipalidad de Córdoba, Adrián Lopresti, aseguró: "La norma es clara: los oficiales no pueden abstenerse porque han sido investidos para cumplir la ley". Natalia Milisenda, titular del Área de Legislación y Políticas Públicas de la asociación Devenir Diverse se mostró en contra de la objeción y sostuvo que "un funcionario público tiene la obligación de cumplir la ley. De lo contrario, está cometiendo un delito".
Por eso, Milisenda presentó una nota en la cual solicitaba al gobernador Juan Schiaretti y a Gatica que informaran qué funcionarios se niegan a realizar bodas gays. Además, adelantó que hará denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Acá hay un incumplimiento liso y llano de la ley", indicó Milisenda, y anticipó que el caso será notificado al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Además, argumentó que "la objeción de conciencia no es válida en estos casos, ya que el funcionario que toma el juramento no es el afectado, sino que está cumpliendo un rol", y dio un ejemplo: "Sería ridículo que fueras a un hospital y que por ser gay o lesbiana no te atendieran por objeción de conciencia. Esto es lo mismo".
Para cerrar la idea, otros miembros de Devenir Diverse señalaron que "si no hay objeción de conciencia en los casamientos entre personas de distinto sexo, tampoco tiene que haber para los de personas del mismo sexo".
César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, advirtió a Tiempo Argentino: "No existe la figura de objeción de conciencia de un funcionario público para la aplicación de una ley".