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Además de tener que afrontar el hecho de que ya no puede caminar, Juan Pablo hoy debe lidiar contra la justicia, que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía no tiene ninguna pista sobre sus agresores. Por eso, el lunes 26 realizará una marcha frente al Congreso de la Nación, para la que convocó a otras víctimas de la inseguridad. “Quiero que esto se resuelva porque, al no estar detenidos, pueden volver a hacer daño a cualquiera. No me gustaría que otro pase por lo mismo que yo”, explicó, en diálogo con 24CON.
Luego del ataque que sufrió ese trágico día, el hombre vio a los ladrones huyendo en un Duna rojo. “Al menos eran dos personas, el que disparó y el que manejaba. Me dispararon cuatro veces y la ambulancia nunca llegó”, recuerda Morán.
Después, debió pasar 45 días en la Terapia Intensiva del Sanatorio Mater Dei, donde fue operado tres veces, y siguió su internación por tres meses más en el Instituto Fleni de Escobar, lugar al que hoy continúa yendo a rehabilitación. Sin embargo, lo que más le duele es el nulo avance en su causa judicial: “Para que los fiscales hicieran algo, me tendrían que haber matado. Seguramente no se movieron porque, dentro de todo, la saqué barata”, denuncia Morán.
El caso quedó en manos de la fiscalía 7 de Morón, a cargo de Matías Rappazzo. La fiscal que interviene es Paula Hondeville, para la que Juan Pablo pide “alguna medida en su contra” por el retraso de la investigación. “Cuando estaba internado, ni siquiera me atendía cuando llamaba. Incluso, cuando todavía no sabía su nombre, se lo pedí a la secretaria y me dio uno falso”, acusa.
Hasta hace algún tiempo, el hombre tampoco había recibido apoyo del gobierno bonaerense. “Recién ahora se puso en contacto el ministro de Justicia, Ricardo Casal, que me confirmó que en la causa no se hizo nada durante los últimos siete meses”, asegura la víctima.
En cuanto al intendente Luis Acuña, se reunirá con Morán este viernes, después de que le advirtiera que, si no lo recibía, "iba a denunciar a los medios que Hurlingham es un distrito inseguro y que no hicieron nada por mí”.
Por otro lado, Morán reclama que la UFI 7 de Morón no cruza datos con otras fiscalías del Conurbano que investigan casos similares al suyo, para hacer peritajes de las armas que secuestran y verificar si coinciden con la calibre 38 usada en su asalto. “No puede ser que sea yo el que tenga que decirles cómo tienen que trabajar”, se queja.
Mientras espera justicia, Juan Pablo pasa los días en su hogar de La Paternal, la cual tuvo que acondicionar a su nueva vida en silla de ruedas. “Vivo en un primer piso por escalera, pero me costó mucho comprar esta casa y no iba a venderla”, cuenta. Los arreglos, por supuesto, fueron pagados con dinero de su propio bolsillo.
Jueves 22 de abril de 2010