El Estado tiene ahora todas las herramientas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, afirma un exultante Martín Sabbatella. El ansiado fallo de la Corte Suprema le devolvió al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) cierto protagonismo (es viernes y en las oficinas del organismo hay una fila de periodistas esperando para entrevistarlo), pero sobre todo lo enfrenta al desafío de poner en práctica una ley reclamada desde hace 30 años, que demoró otros cuatro en poder aplicarse, fruto de la compleja, enrevesada batalla jurídica que llevó adelante el Grupo Clarín, que contó con la ayuda de sectores políticos y de la familia judicial.
-–¿Se puede leer el fallo de la Corte como una derrota para el Grupo Clarín?
-–No. Es el triunfo de la democracia y de la libertad de la expresión. Lo es para nuestro gobierno, pero también para estos 30 años de democracia. Cumplimos con la deuda que teníamos. Es también para todos los que trabajaron para construir una ley que deja atrás el decreto ley de la dictadura cívico-militar, y también es un triunfo para aquel primer gobierno democrático que presentó una ley que los intereses corporativos impidieron que avanzara. Es hija de toda esta historia y de este momento de profundas transformaciones que estamos viviendo, que comienza con Néstor Kirchner en 2003, y que continúa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
–¿Se puede decir que el conflicto llegó a su fin?
–Acá lo más importante es que se terminó la incertidumbre. La norma es constitucional y Clarín debe cumplir con la ley. Esto también corre para los otros grupos, que deben adecuarse y que podían tener ciertas dudas e incluso especular con lo que iba a suceder, porque podían pensar que el grupo más grande no se iba a adecuar y ellos sí. Entonces ahora es ley para todos y deben trabajar para cumplir con los requisitos de la ley y terminar con sus discusiones. La AFSCA debe continuar el plan de adecuación para el conjunto de las empresas que están excedidas en los límites que prevé la ley. En el caso del Grupo Clarín, como no presentó su adecuación voluntaria rige la adecuación de oficio. Eso es lo que notificamos. Ese es el camino. Los que hicieron la adecuación voluntaria tienen la posibilidad de elegir qué venden y a quién se lo venden. La AFSCA tendrá que verificar si se cumplen los requisitos. En el caso de Clarín es de oficio porque la Corte aclaró que los plazos están vencidos.
–Pero Fintech, socio minoritario de Clarín en Cablevisión, presentó un plan de adecuación voluntaria. ¿Eso le deja un resquicio al grupo para hacerlo de manera voluntaria?
–Es cierto que presentó un plan el 5 de diciembre pasado y Clarín tiene la posibilidad de tomar esa presentación y completarla. La AFSCA deberá estudiarla sobre la base de lo que presentó Fintech. Pero la viabilidad de la propuesta está sujeta a los tiempos en que lo presenten, porque no puede haber dos procedimientos al mismo tiempo. O se suman a la propuesta de Fintech y la mejoran o continúa el proceso de oficio. Ellos (Clarín) deben definirlo en estos días.
–¿Los representantes de Clarín le dieron alguna señal al respecto?
–El jueves sólo los notificamos de la adecuación de oficio, porque es lo que podemos hacer ahora. Tenemos que esperar los 15 días de ratificación de la información que les dimos, iniciar el proceso de tasación, seleccionar las licencias a concursar, realizar el concurso y luego adjudicarlas, siempre manteniendo la fuente laboral y el servicio que prestan a través de esas licencias.
–Insisto, ¿Clarín tiene todavía una posibilidad de acceder a una adecuación voluntaria?
–Si ratifica la presentación del socio minoritario, tiene la puerta para avanzar en la adecuación voluntaria.
–¿Por qué el presidente de la Corte habla de la existencia de otros caminos?
–Entiendo que hace referencia al tema patrimonial, donde la ley prevé que por única vez las empresas pueden vender y, por lo tanto, el dinero que surge de allí le queda a la empresa, que no implica una pérdida para el empresario que vende. Pero también dice la resolución de la Corte que en caso de no sentirse satisfecho por la venta, tiene derecho a hacer una demanda. Eso lo resolverá la justicia. Lo que quedó fuera de discusión es la constitucionalidad.
–¿Prevén entonces nuevas maniobras del grupo para evitar cumplir con la ley?
–Me parece que tienen menos posibilidades, incluso si recurren a tribunales internacionales, porque esas instancias no suspenden la aplicación de la ley. Pero todo puede suceder. Lo lógico y racional es que terminado el debate en la justicia deberían cumplir con la ley. Ellos hablan en nombre de la democracia y la república pero con el fallo de la Corte comienzan a ver cómo no cumplirla. Además, es una vergüenza que existan diputados que le pidan a la Corte que se suspenda la aplicación de su fallo.
–Si esto fuera una línea de largada, ¿en qué estado se encontrarían las empresas?
–Clarín ya fue notificado y comienzan a correr los plazos. Con los que se adecuaron voluntariamente, están en diferentes momentos. Algunas ya están tratadas técnicamente, otras fueron aprobadas por el directorio. También están las que se encuentran en el proceso de transferencia. Lo que está claro es que todos aquellos grupos de medios que se presentaron en diciembre están cumpliendo con la ley. Ya no hay más excusas para nadie.
--Hay desde grupos de medios cuestionamientos a algunos procesos que se están realizando. Es el caso del Grupo Moneta. ¿En qué estado se encuentra ese grupo?
–Todas las empresas, salvo Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. En el caso de Raúl Moneta, hay dos empresas donde hay gente con el apellido Moneta que se presentó en diciembre. Por la forma en que se presentaron, no hay motivos de adecuación. Eso es en principio, porque son dos empresas separadas. Lo que hicieron ahora es una presentación planteando juntarlas y así adecuarse. Eso todavía no está estudiado. Lo que sí está claro es que tenemos que evitar que gente que está asociada diga que no lo está para evitar la adecuación, y también tenemos que evitar que empresarios digan que pertenecen al mismo grupo para estar excedidos y así poder vender. Y que otros que quieren no vender pueden mostrarse diferenciados para no vender. Las dos cosas, que serían dos trampas, la AFSCA tiene que estudiarlas para evitarlas. Eso es lo que tenemos que hacer con Moneta, analizar lo que proponen. Ahora, si es verdad lo que ahora dice Moneta, la adecuación tendrá que ser oficio porque ya pasó el tiempo de la voluntaria. Eso lo que tenemos que definir.
–Mauricio Macri dijo que la AFSCA debe ser conducida por personas "apolíticas".
-–Yo comparto lo que planteó la Corte, pero la interpretación del arco opositor es un disparate porque lo que dice Macri es incomprensible. Este es un organismo plural, con designaciones realizadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso y otros estamentos. Es ridículo lo que dicen estos opositores. Una cosa es que la responsabilidad del funcionario público sea hacer cumplir la ley de manera pareja para todos, y otra cosa es tener compromiso con una fuerza política. Yo soy kirchnerista y eso no me inhabilita para ser presidente de la AFSCA, como tampoco lo inhabilita a Marcelo Stubrin, que es un reconocido dirigente radical. La oposición lo que busca es degradar la política para defender los intereses corporativos. Es la política la que le pone freno a los intereses corporativos, entonces buscan devaluarla como parte de las maniobras que (Héctor) Magnetto les manda a hacer.
–Está visto que el proceso no será fácil. Ahora Clarín sostiene que el gobierno los quiere desmembrar y la oposición se suma a esa lectura.
–Eso es falso. La Corte afirmó que ningún perito pudo demostrar que la aplicación de la ley los hace inviables. Lo otro que demuestra es que hay otros grupos que se presentaron para adecuarse sin que ello signifique el fin de sus empresas. Lo que sí es cierto, como cualquier ley antimonopólica, es que se impone un tamaño que no sea lesivo para el mercado y así evitar posiciones dominantes y prácticas desleales. La Corte también demostró que el tamaño previsto para los grupos de medios permite que sigan siendo pujantes y competitivos. El arco opositor, insisto, hace lo que Magnetto le dice. Eso es lamentable. Algunos lo hacen de manera coherente porque siempre fueron expresiones de los sectores corporativos. En otros casos, para pertenecer a ese mundo traicionan su historia y rasgos de identidad. Eso da pena y un poco de vergüenza, como sucede con Pino (Solanas).
–¿Todas estas acusaciones en su contra pueden buscar lesionar sus posibilidades de renovar el cargo como presidente de la AFSCA en diciembre próximo?
–Me parece que tienen como objetivo lesionar a la AFSCA y a mí en particular. No sé si tiene que ver con el futuro. La que tiene la potestad de designación es la presidenta. Lo que sí es interesante, más allá de lo personal, es que es una expresión de todo lo contrario que sucede en el país. Hablan de que no hay libertad de expresión, van a Washington, pero basta con leer o ver la televisión, donde se dice cualquier cosa. Ellos ofenden a la Argentina y la historia del país. La ley busca que estén todas las voces, las que te gustan y las que no, aun las que mienten.
–Otra de las críticas que le achacan es la falta de designación de un director de la oposición, que propuso el FAP.
–Antes que nada es bueno aclarar que durante un tiempo largo la oposición no quiso nombrar sus directores porque era reconocer a la AFSCA y Magnetto había decidido que no se debía reconocerla. Ni siquiera cuando tuvieron mayoría con el Grupo A convocaron a la comisión bicameral. Nosotros lo hicimos, el radicalismo propuso a Stubrin y nadie lo impugnó. El caso de Alejandro Pereyra fue impugnado porque presentó una declaración jurada falsa diciendo que había participado en el mundo académico, en diversas universidades, y todas lo desmintieron. Además con su esposa son socios en un estudio jurídico que litiga contra la AFSCA. Incluso el CELS lo impugnó porque cuando trabajaba en el Comfer firmó una resolución para que no se transmitieran imágenes de la represión de 2001. El FAP tiene la posibilidad de proponer a otro, pero no lo hace porque busca victimizarse.
–El Grupo Clarín se había refugiado en la Cámara Civil y Comercial. Ahora parece que existe la posibilidad de recurrir al Contencioso Administrativo.
-–Si ellos recurren a eso tomaremos las medidas que correspondan. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora contamos con todas las herramientas para garantizar su cumplimiento.
-–Fintech, el socio minoritario, propone la venta por parte de Clarín de una parte de Cablevisión. ¿Manejan ustedes esas opciones?
-–Clarín puede tomar esa propuesta, pero si se demoran se ejercerá la adecuación de oficio. Pero eso tiene pocos días de posible. Sobre el contenido del plan de Fintech, la AFSCA no opinó, porque si bien está presentada en término, la propuesta debe contemplar al conjunto del grupo y no al 40 % que representa Fintech. Nosotros no podemos opinar, por ahora, sobre esa propuesta.
–Pero si Clarín se aviene a la propuesta de su socio minoritario sería como un reconocimiento de que no tenían razón al recurrir a la justicia, que fueron derrotados.
--Si Clarín entiende que cumplir con la ley es admitir una derrota, entonces tiene un problema con su mirada democrática. Es posible que otros grupos no estén de acuerdo con la norma y no quieran adecuarse, pero no es un problema de gusto, es la ley y hay que cumplirla. Lo que pasa es que este grupo estuvo acostumbrado a marcar el rumbo del país, sentirse por encima de la ley y hasta decir qué leyes había que sancionar. Ese fue el caso de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que es un papelón. Mire, el Grupo Clarín utilizó su poder no sólo para tener una posición dominante en el mercado audiovisual con prácticas desleales, sino también para condicionar el rumbo del país, extorsionar los poderes públicos, lesionando la democracia. Esto no es un invento de nosotros los kirchneristas, ya lo denunció el propio Raúl Alfonsín durante su gobierno.
–¿Considera que Clarín puede recurrir a la ley que dictó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o en Córdoba, para evitar cumplir con la la ley?
–Eso es un disparate y no tiene sustento legal. Es anticonstitucional porque ninguna ley local puede estar por encima de una nacional que acaba de ser ratificada por la Corte como totalmente constitucional. Si Macri y (José Manuel) de la Sota pretenden frenar su aplicación es otro desatino, pero ya está visto que para cumplir con las órdenes de Magnetto no tienen límites.
3 de noviembre de 2013
Fuente: Tiempo Argentino