Suspenden un desalojo en Constitución pero las familias temen quedar en la calle

El Juzgado Civil 93 de la ciudad, que había ordenado el desalojo de unas 70 familias que viven en un inmueble del barrio de Constitución, postergó la decisión judicial hasta el 22 de septiembre. La decisión llegó tras un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y los habitantes del lugar.

La calle Solís al 1800 estuvo vallada y rodeada por efectivos de la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad desde las primeras horas de la semana. La fuerza fue desplazada para prestar colaboración a dos oficiales de Justicia que tenían la orden de activar el desalojo.

En el inmueble viven entre 80 y 100 personas que se negaron a salir durante toda la mañana mientras mantenían diálogos constantes con el personal de la Defensoría del Pueblo y del Buenos Aires Presente (BAP) para tratar de alcanzar un acuerdo.

En la puerta del lugar se concentraron familiares de los habitantes y organizaciones sociales para visibilizar la situación que, según explicaron, se dio sin aviso previo y pese a que los inquilinos pagaban un alquiler por el lugar donde viven.

La orden judicial librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, determinó el "desalojo de las personas y del retiro de los muebles pertenecientes a los ocupantes, debido a vencimiento de un contrato".

Sin embargo, durante la tarde se anunció que la misma quedaba sin efecto hasta el jueves de la semana próxima; en simultáneo el personal de la Defensoría del Pueblo y del BAP comenzaron a realizar un censo de los habitantes del lugar.

Mientras los efectivos policiales se retiraban y procedían a levantar las vallas y habilitar la circulación vehicular algunos de los habitantes del inmueble señalaron que "no es posible" conseguir un lugar donde vivir en diez días y que temen quedar en la calle.