Durante décadas, el feminismo fue una herramienta de transformación. Visibilizó abusos largamente silenciados, impulsó reformas necesarias y dio voz a quienes durante siglos fueron ignoradas. Esa lucha fue legítima, y aún tiene mucho por delante. Pero cuando una causa noble se convierte en dogma, corre el riesgo de ser usada para fines opuestos a los que le dieron origen.
Hoy enfrentamos un fenómeno que crece en las sombras y que muchos prefieren no nombrar: el uso de denuncias falsas como estrategia de manipulación judicial, especialmente en el marco de conflictos personales, como divorcios o disputas por la tenencia de hijos.
La mentira no tiene género. La manipulación tampoco. Y la justicia debe proteger a todos por igual.
En 2022 presentamos un proyecto de ley que propone herramientas concretas para enfrentar esta problemática sin desproteger a las verdaderas víctimas. No se trata de negar la violencia, sino de reafirmar el principio más básico del Estado de Derecho: nadie debe ser condenado sin pruebas ni prejuzgado por su condición de género.
No fue durante este gobierno, aprovechando los vientos de cambio, sino durante el gobierno anterior (2022), y fue guardado en cajones oscuros. Nos habían convencido de que si sos mujer (y solo por eso) ante una denuncia, debía tratarse de una verdadera victima, y no podía haber otros intereses, ni manipulación, ni falsedad.
El proyecto de ley, establece penas de prisión de hasta 3 años para quienes presenten denuncias falsas con intención dolosa, con agravantes que llegan a los 6 años, en denuncias falsas (también con intención de daño comprobada) de violencia de género o abuso de menores. También se contempla la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o funciones profesionales vinculadas a la justicia o la salud mental en los casos en que haya manipulación deliberada de informes (en el caso de los peritos, abogados, etc). Vale aclarar, que una absolución no dispara automáticamente la posibilidad de una condena hacia la parte denunciante con una falsa denuncia. Para que tal condena suceda, debe iniciarse un nuevo juicio, en el que también, existirá la presunción de inocencia y deberá quedar probado que la falsa denuncia no se hizo por error o duda, sino con la intención de generar un daño a la parte denunciada a sabiendas de su falsedad.
Esta normativa no busca desalentar las denuncias reales, sino proteger su credibilidad.
El daño institucional
El aumento de medidas judiciales dictadas por una mera denuncia, sin requerimiento probatorio inicial, está generando situaciones de extrema vulnerabilidad jurídica. Hay papás y mamás privados del contacto con sus hijos durante años por procesos que terminan archivados. También abuelos. Hay muchos que utilizan el sistema como herramienta de extorsión, amenaza, castigo o venganza.
Cuando la justicia se vuelve prejuiciosa e ideologizada, lo que debería ser protección, se vuelve amenaza; lo que debería garantizar verdad, se vuelve instrumento de daño.
Algunos representantes del Poder Judicial, atados a ideología o presiones mediáticas, se ven empujados a dictar medidas, sin convicción, por temor a las consecuencias de ser tachados o escrachados públicamente. Hacer “lo que todos hacen” no es hacer Justicia. La “Justicia” debe atenerse exhaustivamente al análisis caso por caso. La Justicia tiene las herramientas necesarias para llegar a la verdad, sólo deben usarse correctamente.
Comparaciones internacionales
Este fenómeno no es exclusivo de Argentina. En países como España, Italia y Estados Unidos existen debates similares, y han comenzado a desarrollarse marcos normativos que distinguen la protección real de las víctimas de los usos fraudulentos del sistema. En 2010, el Tribunal Supremo español emitió doctrina sobre la necesidad de verificar los hechos antes de aplicar medidas restrictivas.
En Francia, el delito de “dénonciation calomnieuse”, que es un delito penal autónomo, que no debe confundirse con el de calumnias e injurias, está previsto en el Código Penal, que sanciona con prisión efectiva y multa económica a quien acuse falsamente a otra persona de un hecho que pueda generar consecuencias, a sabiendas de que es falso. En Alemania, se penaliza con prisión la formulación intencional de acusaciones falsas que perjudiquen la libertad de otro. En nuestro país, la figura de falsa denuncia existe, pero su aplicación es excepcional o nula, ya que la pena en expectativa o multas, son absurdamente bajas y muchas veces, luego de años de daño irreversible. En Chile, están atentos a lo que estamos haciendo en Argentina, y congresistas del país vecino, nos han contactado con el fin de seguir nuestros pasos respecto del proyecto de ley.
La Justicia como herramienta, no como arma
En su obra La Banalidad Del Mal, Hannah Arendt advertía sobre cómo los sistemas, y quienes lo integran, pueden transformarse en engranaje del daño cuando actúan sin reflexión crítica.
Aplicar sanciones sin pruebas, solo para “quedar ideológica o socialmente correcto”, también puede ser una forma de banalidad del mal.
Algo similar sucede cuando se dictan restricciones, prohibiciones de contacto o suspensiones de régimen parental sin pruebas ni peritajes concluyentes, solo por “presunción”, sin demasiada argumentación, o sin la velocidad necesaria en la Justicia, como para que la evaluación sea rápida, y no eternizada en el tiempo, generando durante años pérdida de contacto entre padres o madres con hijos (ídem abuelos de la parte acusada), arruinando así gran parte de la vida de niños y adultos, que ya no volverá.
La Justicia no puede convertir la denuncia en prueba ni a la persona denunciada en culpable sin defensa suficiente. Lo que está en juego no sólo es la libertad de una persona inocente. También es la credibilidad del sistema judicial. Aclarando, por si fuera necesario, que no todos los miembros del sistema judicial, caen en esta tentación banal insalubre. Quienes sí lo hacen, generan tanto daño que ensucian al resto.
No se debe invertir la carga de la prueba.
En Argentina una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (presunción de inocencia). En muchos de estos casos, esto parece haberse invertido, y lo que hay que demostrar es la inocencia. La sensación de “ser culpable, hasta que demuestres lo contrario”, genera inseguridad jurídica y falta de credibilidad en quienes necesitamos confiar plenamente.
Más voces, más verdades
Hemos recibido testimonios de madres acusadas falsamente por padres con recursos económicos para montar causas. Y también de padres a quienes se les impidió ver a sus hijos por años, sin pruebas, o que han estados privados de su libertad por delitos que se les imputaron falsamente. En todos los casos, los más dañados son los niños. Convertidos en botín de guerra, arrastrados por los conflictos de adultos, muchas veces utilizados como objetos.
Todavía resuenan las palabras del abuelo de Lucio Dupuy, diciendo en las Jornadas en Contra de las Falsas Denuncias en el Senado: “Lució fue victima de 7 falsas denuncias”. 7 fueron las falsas denuncias que lo separaron de su familia paterna que quería protegerlo de las torturas y vejaciones que recibía de su progenitora y su pareja (hoy presas).
En los últimos días circularon testimonios estremecedores. Jóvenes que, apenas comenzando su vida adulta, descubren que fueron utilizados para sostener relatos falsos.
Psicólogos, jueces, peritos y abogados de familia reconocen en privado lo que muchos no se animan a decir en público: el sistema está sobrecargado, saturado, y en ocasiones, inclinado a fallar por precaución, aunque ello implique injusticias. Pero también, en muchos casos, está ideologizado.
El feminismo no necesita mentiras
Esta iniciativa no es una reacción antifeminista. Al contrario: se trata de defender el feminismo en su versión original, más seria y comprometida, buscando igualdad real y justicia con garantías. No es válido, que el fin justifique cualquier medio, ni que la palabra de una parte valga más que la de la otra por su sola condición de género.
Hoy vemos causas judiciales construidas sobre declaraciones guionadas. Esta realidad no puede seguir siendo ignorada.
Una democracia madura no teme debatir estos temas. Los asume con responsabilidad, con empatía y con respeto por todos.
La mentira no tiene género. La verdad, tampoco. Y solo desde esa verdad —sin prejuicios, sin favoritismos, sin banderas partidarias— vamos a poder construir un sistema judicial confiable, imparcial y realmente justo. El dolor no se repara con venganza, sino con verdad. Y esa verdad necesita espacio, necesita Justicia… y necesita que no tengamos miedo a decir lo que incomoda.
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