Organizaciones sociales nucleadas en la denominada Unidad Piquetera realizan un "piquetazo" en más diez puntos de la Ciudad de Buenos Aires para protestar contra la política habitacional del Gobierno porteño. Las protestas comenzaron a las 10 en los cruces de Perito Moreno y Cruz; San Juan y Entre Ríos; Amancio Alcorta e Iriarte; Cobo y Curapaligüe; Mariano Acosta y Cruz; Céspedes y Triunvirato; Escalada y Eva Perón; y Pola y Cruz, y en la zona de la Torre de los ingleses, en Retiro.
Las agrupaciones prevén la movilización a las sedes del Instituto de la Vivienda (IVC), Desarrollo Humano y Hábitat, y a la Dirección General de la Mujer para reclamar una solución urgente a la problemática. El Polo Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), el MTR Votamos Luchar, la Agrupación 17 de noviembre, Barrios de Pie y Libres del Sur son las principales impulsoras de la medida.
El Bloque de Unidad Piquetera exige a Horacio Rodríguez Larreta una "solución habitacional definitiva para los inquilinos y la urbanización real de las villas y viviendas para víctimas de violencia de género". Además, demandan que se garantice el acceso a la vivienda para los niños, la suspensión de los desalojos de inquilinos e integrantes de casas recuperadas y la conexión formal a la red de agua en todas las manzanas de las villas de la ciudad.
"El aumento de los precios producto de la crisis económica y social incluye a los alquileres que en los últimos meses aumentaron incluso por encima de la inflación", remarcaron las agrupaciones en un comunicado. "La ley nacional de alquileres que se aprobó hace ya dos años no solucionó la crisis habitacional que atraviesan más de cuatro millones de familias en todo el país", agregaron.
Según la información que compartió Unida Piquetera, en la Ciudad de Buenos Aires casi 400.000 personas viven en villas o asentamientos, el 40% de la población alquila con un amplio grupo que lo hace en la informalidad por la imposibilidad de cumplir los requisitos que exigen los propietarios y las inmobiliarias al firmar un contrato. "La orientación del Gobierno porteño es en favor de los grandes especuladores, aprobando leyes y convenios que permiten la construcción de viviendas de lujo", denunciaron.
Respuesta oficial
En respuesta al reclamo desde IVC señalaron que hace seis años en la ciudad se trabaja la integración urbana, habitacional y socio económica de los barrios populares "donde se están llevando adelante procesos de integración con importantes obras para garantizar equipamiento social e infraestructura, acceso a servicios básicos (agua corriente, electricidad, gas, cloacas y pluviales), soluciones habitacionales definitivas y seguridad en la tenencia".
El organismo señaló que en ese período se construyeron 6.085 viviendas (1.254 en Barrio 31; 611 en Rodrigo Bueno, 678 en Playón Chacarita; 1.665 en Barrio 20; 1.877 ACUMAR/Sirga), donde ya se mudaron más de 5.300 familias.
La relocalización de las familias "permitió avanzar con la demolición de sus viviendas para realizar las aperturas de 52 calles y pasajes, la regularización dominial, y el mejoramiento de las viviendas existentes, la construcción de equipamiento urbano, la creación de 26 nuevos espacios públicos y 3 nuevos centros de salud".
El IVC argumentó que se están realizando obras de infraestructura en ocho barrios populares para que todas las viviendas puedan contar con agua corriente, cloacas y pluviales que beneficiarían a más de 100.000 vecinos.