De esta manera ya son cinco los que perdieron su trabajo en la fuerza por cobrar presuntas coimas. Las mismas serían para garantizar "protección" a comerciantes o parte de una recaudación "ilegal", es decir provenientes del juego o de la prostitución. Todo empezó cuando se hallaron 36 sobres 153.700 pesos en la Departamental de esa ciudad.
Los anteriores
Esta medida se suma a la adoptada el miércoles pasado, cuando fueron suspendidos en sus funciones, también en forma preventiva, el subcomisario Walter Stramowskyj; el oficial principal Ariel Huck y la oficial principal administrativa María de los Ángeles Ramírez, quienes trabajaban en el área de Seguridad de la Departamental platense donde se secuestraron los sobres con dinero.
La cartera de Seguridad provincial resolvió las separación preventiva de su cargo hasta tanto concluya la investigación del fiscal penal de La Plata, Marcelo Martini, sobre el origen y destino de los sobres hallados en esa dependencia.
En su escritorio
Hasta ahora, la Justicia notificó el inicio de una causa a Camerini por ser la máxima autoridad de la dependencia y por haberse hallado en el escritorio de su secretario los sobres en cuestión. Los sobres fueron encontrados durante una inspección sorpresiva realizada el 1 de abril último en la sede de la jefatura policial de La Plata, en el marco de una investigación que inició en febrero el fiscal Martini a partir de una denuncia de Asuntos Internos que informaba sobre un movimiento de sobres con dinero en la sede de la Departamental de La Plata, situada en la calle 12, entre 60 y 61 de la capital provincial.
Ante el hallazgo de los sobres, el fiscal Martini inició una pesquisa tendiente a identificar su procedencia y su destino, para lo cual pidió “que alguna persona que haya recibido pedido de dinero por parte de la policía se presente y realice la denuncia, que aporte datos para saber la procedencia de la plata”.
Una de las sospechas de los investigadores es que el dinero pudo haber sido producto de coimas exigidas por personal policial hacia comerciantes para brindarles una supuesta seguridad privada o detenidos para no iniciarles una causa o “recaudación ilegal”, es decir, dinero ilegal que recaudarían las seccionales provenientes del juego clandestino y prostitución.