La Sala I de la Cámara del Crimen anuló el sobreseimiento al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien volverá a ser investigado por los maltratos y abusos contra personas indigentes realizados por parte de la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).
En la causa se investigan 17 desalojos violentos, incluido un caso de violación corroborado por un médico legista.
El abogado de las víctimas acusó al jefe de Gobierno de ser autor “mediato” de los operativos violentos que realizaba la ya disuelta UCEP, cuyas atribuciones quedaron fijadas por el Decreto 1223 del Ejecutivo porteño.
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La jueza subrogante, María Fontbona de Pombo, había sobreseído a Macri por los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, días antes de que comenzara la feria judicial de enero.
En el fallo de la Cámara del Crimen, se cita la denuncia que "reprocha" a Macri "como jefe máximo de la administración local, en su caso, no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires", en referencia a los hechos violentos de la UCEP.
Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos expresaron: "Debemos destacar en primer término que la crítica de la acusadora particular se centró, fundamentalmente, en la premisa aceptada por la Sra. jueza a quo de que el imputado desconocía el modo en que supuestamente operaba la unidad creada por el decreto 1223/08, lo que se colige de la importancia que le otorgó en su alegato a la falta de valoración del archivo digital en el que constaría un requerimiento de actuación del propio Macri en la calle Esteban De Luca".
"Es decir que, más allá de la legalidad o no del acto administrativo de creación de la UCEP, se cuestionó específicamente que, conociendo la presunta actividad ilícita de quienes conformaban el organismo mencionado, el imputado (como titular de la administración local) no evitó la continuidad de dicho proceder", sigue el texto.
Por último, los jueces Rimondi y Bunge Campos concluyen: "Arribamos a la conclusión de que el sobreseimiento dictado no supera el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido".
La nulidad del sobreseimiento de Macri fue votada, sin embargo, con la disidencia del juez Alfredo Barbarosch, quien manifestó que a pesar de "que los agravios expuestos (...) merecen ser atendidos" y que "la decisión adoptada (de sobreseer al jefe de Gobierno) aparece prematura, dado que existen circunstancias que no han sido debidamente acreditadas (...) y corresponde profundizar la investigación y aclarar esas circunstancias para luego arribar a una decisión de mérito (...) queda en evidencia que la nulidad propuesta carece de sentido práctico".
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