Presentan el Acuerdo para la Seguridad Democrática en la provincia de Buenos Aires, con el respaldo de legisladores, especialistas en seguridad y referentes sociales. Promueve soluciones eficaces al problema de la inseguridad y el delito, rechaza recetas de mano dura y propone la formulación de políticas públicas democráticas orientadas a la prevención del delito y la inclusión social.
En el acto en el Pasaje Dardo Rocha, estuvieron presentes, entre otros, León Arslanian, Hugo Cañón, Gastón Ghiller, Marcelo Saín, Alberto Binder, Carlos Arslanian, Horacio Verbitsky, Laura Conte, Daniel Goldman, Alberto Mosquera, Ricardo Alfonsín, Martín Sabbatella, Felipe Solá, Roberto Baradel, Hugo Godoy, Martha Arriola, Jorge Ceballos, Rosa de Bru, Adelina de Alaye, madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Durante la jornada se realizaron mesas de debate de gestión civil, transformación democrática y seguridad, donde legisladores, especialistas y referentes sociales desarrollaron ejes y analizaron la seguridad desde distintas ópticas: narcotráfico, estado del sistema carcelario, la complejización del delito, problemas de la violencia de género, focalización del delito en menores y pobres.
Luego de la exposición de las mesas de debate, el rabino Daniel Goldman, leyó el documento que resume el Acuerdo de Seguridad Democrática de la provincia. Entre los puntos más importantes, destacan la necesidad de recuperar el funcionamiento de los órganos de gobierno y control civil de la gestión de la seguridad; retomar la orientación hacia la especialización, modernización funcional y descentralización de la gestión policial bajo la dirección del Ministerio de Seguridad; y poner fin al autogobierno policial.
Además proponen recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico; poner un freno a las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo; e impulsar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
Proponen crear una policía judicial que garantice la especialización, un alto nivel técnico y científico, y su estricta separación de las tareas policiales de prevención.
También proponen promover una profunda reforma del sistema de encarcelamiento provincial y reestructuración del Servicio Penitenciario provincial; la democratización y profesionalización del sistema de encierro de jóvenes; el cumplimiento de la prohibición de mantener personas presas en comisarías.
El documento agrega la necesidad de ejercer un estricto control sobre las facultades policiales de detención y tratamiento de detenidos en dependencias policiales.
El arco político que adhirió es amplio, e incluye además de especialistas en temas de seguridad, justicia y organismos defensores de derechos humanos.
14 de junio 2010