Los barrios populares reclaman contra el distrito productivo que propone Rodríguez Larreta

Se trata de un proyecto para incentivar la radicación de empresas en las zonas de los barrios Rodrigo Bueno, Padre Mugica, Playón de Chacarita y Villa 20.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) convocó a los habitantes de los barrios populares porteños a reunirse para rechazar el proyecto de distrito productivo que propone el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por considerar que se trata de "una etapa más de un proceso que beneficia a grandes empresas, en vez de apoyar a las unidades productivas barriales".

La actividad se realizó en el anfiteatro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ubicado en el barrio porteño de Monserrat. El objetivo fue rechazar el proyecto de ley que crea el distrito de integración productiva e impulso al trabajo en barrios populares.

Este distrito, de acuerdo a la iniciativa de Rodríguez Larreta, abarcará cuatro barrios en los que se están implementando leyes de urbanización: Rodrigo Bueno, Padre Mugica, Playón de Chacarita y Villa 20. De aprobarse esta ley las empresas que allí se radiquen obtendrán descuentos de entre el 50% y el 80% en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB).

Si bien el oficialismo porteño sostiene que el objetivo es promover el desarrollo económico de los barrios populares, algunos de sus habitantes manifestaron en la Legislatura, durante una reunión de comisiones, que solo se verán beneficiadas las grandes empresas, mientras los emprendimientos locales serán perjudicados.

"El verdadero espíritu del proyecto de ley es continuar profundizando la estrategia de expulsión lenta de los pobladores de estos barrios, la gentrificación, para liberar estos suelos a la especulación inmobiliaria", afirmaron desde el ODC en un comunicado.

"Los procesos de urbanización que lleva adelante el Gobierno porteño en los cuatro barrios alcanzados por el proyecto se desarrollan bajo el paradigma de que a futuro sea el mercado inmobiliario el encargado de reurbanizarlos", agregaron desde el Observatorio.

En este sentido, argumentaron que es por ese motivo que las viviendas nuevas "tienen problemas graves de construcción", que las escrituras "permitan la ejecución por falta de pago" y que "no sea una prioridad la regularización de los servicios públicos".

Por otro lado, el ODC consideró que se beneficiará a las grandes empresas y perjudicará a los emprendimientos locales. "Sin ninguna restricción, el GCBA impulsará con recursos públicos la instalación de nuevas empresas en el barrio, principalmente cadenas, que competirán directamente con los negocios existentes", fue parte de las conclusiones del encuentro.

El impuesto a los IIBB se calcula en base a los montos facturados, por lo que saldrían más beneficiadas las grandes empresas, ya que podrán contabilizar lo que facturan en toda la Ciudad de Buenos Aires, según establece el proyecto de ley.

En este sentido, el ODC argumentó que la "obligación" del Gobierno porteño, "en cumplimiento del mandato constitucional de la reurbanización con radicación definitiva de sus habitantes, es proteger los emprendimientos existentes de la economía popular y no fomentar la instalación de empresas que constituyan, ya sea por su posición en el mercado o por los incentivos fiscales que se le otorgan, una competencia desigual".

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