Un nuevo capítulo judicial se abre en la vida del cuádruple femicida Ricardo Barreda, quien en noviembre de 1992 masacró a escopetazos a las cuatro mujeres con quienes vivía en una casona céntrica de La Plata, ya que la jueza Civil a cargo de dictaminar sobre la herencia de bienes, dictó la apertura del período de producción de pruebas por pedido de los familiares de las víctimas, según se lee en la documentación oficial a la que accedió Diagonales.
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Los familiares de Elena Arrecha (suegra del odontólogo) y de su hija Gladys Mac Donald (esposa) reclaman que se declare “indigno” a Barreda por el múltiple crimen familiar que ejecutó y dejarlo afuera del reparto de bienes. Por su parte los defensores del asesino, sostienen que “como mínimo” es poseedor de la mitad de las propiedades (inmuebles y automotores) que están paralizadas desde el episodio policial de hace dos décadas.
Hasta el momento se conoce que en la lista de patrimonios en pugna están la casona de 48 entre 11 y 12, dos autos (un Ford Falcon verde y un DKW) y una moto Siambretta. También se analiza una casa de veraneo en Mar del Plata (actualmente intrusada) y, según versiones no confirmadas, una serie de departamentos céntricos en La Plata.
Pese a las deudas, la pelea es por un patrimonio inmobiliario millonario. Solamente la escena del crimen tiene un valor de mercado superior a los trescientos mil dólares, según varios martilleros platenses consultados, aunque esa propiedad fue expropiada por el Estado bonaerense con el objetivo de crear un centro de asistencia y contención para víctimas de violencia machista.
Ante este panorama Barreda se puso los guantes y da pelea, ya que entabló una demanda contra el gobierno provincia por “expropiación inversa” para pelear el precio de indemnización. Según la valuación fiscal vigente la casona tiene un valor de trescientos mil pesos, es decir, cinco veces menos que el valor del mercado inmobiliario legal y ocho veces por debajo si se toma como referencia el dólar “blue”.
La media de apertura de prueba fue dictada el pasado 20 de mayo por la jueza Civil y Comercial, Sandra Grahl, por un período de cuarenta días.
Fuente: Diagonales.com
29 de mayo de 2013
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