En una jugada casi perdida de antemano, la oposición local votó a fines del año pasado en contra de la 11.576, que proponía el incremento de hasta un 600% en las tasas municipales y un cambio en el cálculo de la misma que pasaría de ser un pago por metro lineal de frente a un cobro por valuación fiscal de la propiedad. O sea, una redefinición del gravamen de "tasa" a "impuesto".
Con 12 votos a favor (faltando así a la ley que indica la necesidad de una mayoría absoluta para ese tipo de reformas, que para el distrito sería de 13 concejales) la ordenanza se promulgó antes del año nuevo. Con un “polémico” artículo 27 que desató el primer “desborde”.
“Presentamos varios recursos frente a esta ordenanza y sobre todo frente al artículo 27 donde se indica que para que el vecino pueda reclamar ante el municipio porque le cobraron de más,la deuda debe ser mayor a los diez sueldos mínimos de un empleado municipal”, señaló a 24CON el concejal de la Coalición Cívica y ex titular del HCD, Mario Sahagún.
Lo que equivaldría, según indicaron fuentes oficiales, a $19.500 por año. Frente a esto, la jueza en lo Civil y Comercial, Diana Ivone Español, dio a lugar un amparo que falló: “Ordénese la suspensión de cualquier tipo de acción judicial tendiente al cobro de sumas de dinero por tasa de servicios urbanos municipales conforme la Ordenanza Fiscal y Tributaria Nro. 11576, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”.
La respuesta del secretario de Hacienda, Alejandro Tozzola, no tardó en llegar y revolvió más el puchero político, en lo que según asestaron los opositores, fue una rotunda confusión del funcionario “por no haber leído la resolución”: “Nos están quitando todos los elementos de coerción para poder recaudar. No tengo más herramientas para garantizar los pagos. Si la medida se mantiene el Municipio deberá dejar de pagar salarios, subsidios, servicios y a los proveedores”, planteó Tozzola.
En este sentido, el municipal no dudó en redoblar la apuesta y en asegurar que “es una animalada jurídica lo que acaba de hacer la jueza. Vamos a pedir un juicio político y de esto ya se está enterando la presidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), porque en una acción combinada, intencionada o no, entre concejales y una jueza, dejan sin financiación a un Municipio de más de 600 mil habitantes. Es una acción destituyente, claramente anticonstitucional”, explicó al Diario 5 Días.
Por su parte, Sahagún intentó poner paños fríos a la cuestión en un intento de que “entienda la medida”, dijo. Porque, según el concejal, “Tozzola está desquiciado. Esta postura demuestra una intolerancia total. Le debe parecer que está haciendo una revolución o que está bajando de Sierra Maestra. Lo que habla de un total desprestigio de la justicia y sobre todo de la jueza que interviene en la causa”.
Mientras tanto, el funcionario, visiblemente molesto por lo ocurrido, aseguró que la administración Gutiérrez no fue notificada aún de la resolución judicial y no pudo tener acceso a la documentación por el paro de los trabajadores de la Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“Si no se levanta la medida, yo voy a tener que anunciar que el Municipio de Quilmes dejará de pagar desde hoy. Aparte –continuó-, no entiendo cómo puede ser que los concejales hayan hecho comunicados de Prensa citando textualmente el fallo de la jueza, mientras nosotros no tenemos acceso al expediente en cuestión”, manifestó.
08 de abril de 2011