“Desde el Gobierno no tenemos la competencia para intervenir, pero si el derecho de pedir a los jueces que, al menos en estos casos, revisen estas morigeraciones de penas”, indicó. Casal reconoció que la pulsera es sólo “una barrera moral” que tiene el procesado o condenado, “porque nada lo detiene si quiere evadirse, más que su propia desición de no hacerlo”, explicó.
Sin embargo destacó que el sistema no falla pero es muy fácil de violar. “Y aún asi -subrayó- sólo tenemos un índice de 2,5 % de violación del sistema”.
Por otra parte consideró acertado el pedido de Jury contra el juez Nicolás Schiavo. “A nuestro juicio hay varias cosas que derán ser explicadas. Al momento de ser beneficiado con la prisión morigerada Fernández estaba en libertad condicional y Schiavo no informó al tribunal condenante. Esto complicaría notablemente la situación del juez.
“Creemos que este beneficio fue otorgado con cierta liviandad ya que las razones humanitarias que se esgrimen son bastante pobres o al menos insuficientes”, expresó.
Por último el Ministro anunció que se va a normatizar la utilización de este beneficio: “Vamos a incluir en la reforma al código procesal penal algunas restriciones a este tipo de beneficios, los delitos gravísimos no pueden ser favorecidos por la pulsera ni por otro sistema similar”, dijo.