El decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner permitirá al titular del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional Nº1 de Morón, tener acceso a los documentos secretos archivados acerca del copamiento del cuartel militar de La Tablada.
La norma establece que aquellos agentes o ex agentes de organismos del Sistema de Inteligencia que hayan declarado, queden relevados de la obligación a guardar secreto.
Por otra parte, el decreto puntualiza que el pasado 14 de febrero la Justicia "disponga la autorización prevista en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 25.520", para que envíen de "forma inmediata" todos los registros.
Se avala en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 55/97, que insta al Estado nacional a "que proporcione los mecanismos y las garantías necesarias para realizar una investigación independiente, completa e imparcial".
Las pruebas requeridas que se podrán en manos de la Justicia, serán todos los expedientes, documentos, fotos, grabaciones y cualquier otro dato existentes vinculado a los hechos.
El ataque
En la madrugada del 23 de enero de 1989, movimientos de izquierda interrumpieron el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada. Los grupos estaban lideradas principalmente por Enrique Gorriarán Merlo, un ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El violento ataque tuvo como excusa evitar un posible golpe de Estado contra el presidente de aquel entonces, Raúl Alfonsín. Aunque las hipótesis de los hechos son diversas, y aun dejan interrogantes.
Lo cierto es que ese 23, el feroz enfrentamiento de la “guerrilla”, contra la policía y la infantería, además de destrozar el lugar, provocó la muerte de 19 personas, 3 desaparecidos, 60 heridos, 5 cadáveres sin identificar y 21 guerrilleros detenidos.