Son por la adquisción de helicópteros para combatir el fuego y la compra de colectivos electrícos
Los problemas para el Ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, no termina con los focos de fuego que sacudieron a varias provincias en diciembre y enero. Ahora la Justicia lo investiga por dos licitaciones: la primera la contratación directa de helicópteros para combatir el fuego y la segunda la compra de colectivos eléctricos. La presentación la realizó el fiscal Federico Delgado, por una suma que entre ambas licitaciones asciende a 60 millones de dólares.
La primera de las licitaciones se tratan de la compra, para la fiscalía de contratación directa, de helicópteros para combatir incendios a la empresa "TAF Helicopters LT por un monto de 24 millones de dólares.
Al respecto Delgado señaló en su escrito, al que accedió ARG Noticias, que"se habría acordado el servicio de manera directa con una de las empresas ofertantes mientras que la licitación pública se encontraba en curso y con el agravante de que la oferta presentada por esa misma empresa había sido rechazada durante el concurso"
La causa esta en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal le afirmó al juez que "las comunicaciones que habrían existido entre los funcionarios y quienes representaron los intereses de la firma "TAF", y en especial el contrato a través del cual se habría contratado el servicio aéreo para cubrir el Servicio de Manejo del Fuego de ese ministerio".
La segunda licitación cuestionada por Delgado es por la compra de 50 buses por 35 millones de dólares donde el Fiscal pide investigar si Bergman, disconforme con un dictamen que favorecía a una empresa, removió a los técnicos que firmaron el dictamen y puso en su lugar al hijo del ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot, que falló a favor de otra firma.
El dictamen en contra fue firmado por el ingeniero Pedro Orbaiz, el licenciado Javier Ureta Saenz Peña y la abogada Leticia Pereyra, luego separados. Al respecto Delgado afirmó que "el 23 de diciembre se presentaron dos informes separados, una "Evaluación técnica" suscripta por Orbaiz y Ureta y un "Informe Legal" firmado por la abogada Pereyra"
Entre las irregularidades e inconsistencias de la evaluación técnica de Orbaizy Ureta se destacan que que no se efectuó un análisis sobre la eficiencia energética de los rodados, es decir de su impacto en la red de energía según se tratara de vehículos de carga lenta o rápida; no hizo referencia a documentación emitida y firmada por un Organismo o funcionario acreditado; se omitieron los informes del INTI concernientes a la obtención de Licencia de Configuración y Modelo y por último no se hizo referencia a ningún reporte firmado por un Comité.