Acarreo en toda la ciudad: las grúas llegarán a los barrios porteños a demanda de los vecinos

El Gobierno porteño abrió un nuevo llamado a licitación para el servicio de grúas de acarreo de autos mal estacionados cuya concesión está en manos de dos empresas desde la década del 90 y operan con contrato vencido y prórrogas desde hace 20 años. Será un nuevo intento después de seis propuestas similares fallidas desde 2013 y en medio de grandes cuestionamientos al canon congelado que pagan las prestatarias y pedidos para que les suspendan la concesión.

La medida de la administración del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue publicada ayer en el Boletín Oficial. Allí también se confirmó que las grúas de acarreo llegarán a toda la ciudad a diferencia de la actualidad que está vigente solamente en el micro y macro centro y en algunos barrios. Sin embargo lo harán a demanda de los vecinos que denuncien autos mal estacionados.

La licitación plantea un plazo de operación de 10 años de duración y prevé una preadjudicación a fin de año, lo que permitiría, según las estimaciones oficiales, que a mediados del 2023 se ponga en funcionamiento el nuevo sistema.

El esquema proyectado plantea la división del distrito porteño en tres zonas, las que deberán contar con dos playas para remisión del vehículo acarreado cada una. Las empresas que se postulen para la adjudicación deberán presentarse para las tres zonas sin distinción y en función de sus ofertas en el plano técnico y económico es que serán evaluadas para definir cuál prestará el servicio en cada zona.

La convocatoria pública para definir un nuevo sistema de grúas de acarreo ocurre tras las críticas de diversos sectores tras conocerse el canon mensual de $55.000 que abonan las firmas Dakota SRL y BRD-SEC.

Pedido de suspensión

Una de las críticas al sistema fue lanzada por el legislador porteño del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés, quien pidió suspender la concesión del servicio de acarreo de vehículo al considerar que abonan al Estado porteño un canon congelado desde 2014.

"Es un negocio del Gobierno que dice estar organizando el tránsito, pero lo único que hace es incentivar que se levanten autos para meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía", sostuvo Valdés que precisó que las actuales operadoras levantan en promedio 345 autos por día y en 2021 llegaron a facturar cerca de 547 millones de pesos.

En ese marco, un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que en 2016 ambas empresas lograron cubrir el canon anual que tienen que abonar al Gobierno de la Ciudad por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos.

"El gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta entiende que la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, producto de la pandemia, es un buen momento para que el sector privado haga negocio en detrimento del bolsillo de las y los porteños", dijo al respecto auditor general por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz.

Objetivos

Según la Secretaría de Transportes y Obras Públicas (Sectop), la iniciativa apunta a "dar respuesta cada vez que un vehículo indebidamente estacionado impida acceder a un derecho, como usar una rampa o el transporte público, transitar por la vereda, o la circulación de otro vehículo".

Para ello las denuncias se atenderán en la línea telefónica 147, las redes sociales de la ciudad y vía Boti (el chat de Whatsapp del Gobierno porteño). "En 2021 y hasta junio de 2022 se hicieron más de 200.000 denuncias por autos estacionados en paradas de colectivos, rampas, ochavas u otros lugares indebidos; es decir, alrededor de 500 denuncias por día", informaron desde la Sectop.

Entre los cambios contemplados en la medida oficial aparece que solo se licitará el servicio de acarreo, sin incluir los parquímetros o estacionamiento medido, como funcionaba antes ya que cada prestación pasará a tener distintos operadores, tal como lo dispuso una ley sancionada en la Legislatura el año pasado.

Otra reforma será que las prestadoras recibirán un pago mensual por el servicio ofrecido, mientras que la Ciudad percibirá el monto que deben pagar los autos indebidamente estacionados en reparación de su infracción.