El gobierno busca negociar con las organizaciones sociales el pago de un bono de fin de año de 2.200 pesos. Mientras, continúa incorporando beneficiarios en los programas previstos por la ley de emergencia social.
Con el clima de reformismo permanente en marcha, el gobierno busca cerrar focos de conflicto para tener un fin de año en paz: negocia con las organizaciones sociales el pago de un bono de fin de año de $ 2.200 mientras continúa incorporando beneficiarios en los programas previstos por la ley de emergencia social por los que, hasta el momento, cobran unas 200 mil personas el salario social complementario (SSC).
De acuerdo a lo que surgió de charlas informales con representantes de Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el oficialismo prevé abonar el denominado "aguinaldo social" que pretenden las organizaciones.
En diciembre pasado el Congreso sancionó la ley de Emergencia Social que formaliza a los beneficiarios de programas sociales y, a cambio de trabajos cooperativos, abona un haber denominado salario social complementario ($4400).
Ahora las organizaciones pretenden que el gobierno también declare la Emergencia Alimentaria. Por ahora no hay acuerdo.
Desde las agrupaciones confirmaron que hace semanas reclamaron el pago del bono navideño y que confían en que Desarrollo Social aceptará abonarlo.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tiene buen diálogo con los referentes sociales. Fue en este marco que las incorporaciones al registro previsto por la ley se aceleraron antes de las elecciones PASO por un solapado interés electoral.
Desde las entidades admiten que "las incorporaciones previas a las elecciones ascendieron a 70 mil compañeros. Ahora cobran el SSC alrededor de 200 mil. Faltan que se sumen otros 50 mil para que se cumpla la ley y creemos que esto será durante el primer trimestre año próximo".
Lo cierto es que no hay acuerdo en la sanción de una norma para atender la emergencia alimentaria. En el oficialismo sostienen que ya está declarada de hecho con la prórroga de laEmergencia Económica y otros programas similares.
"El tema alimentario es bochornoso, no quieren reconocer la emergencia alimentaria, que lleve ese nombre, pero va a haber un programa nuevo. Necesitamos un sistema para asistir 100 mil grupos familiares donde chicos tienen problemas de desnutrición u obesidad", explicó, a su turno, Juan Grabois, dirigente de la CTEP y conocido por su amistad con el Papa Francisco.
Otro cuestionamiento hacia el oficialismo es la desinversión en los Centros de Primera Infancia, una de las banderas de la actual gestión, dado que "no sólo no se han abierto mas sino que se ha deteriorado la calidad de muchos de los que ya estaban" funcionando.
Un funcionario del área social consultado por este diario indicó que "no hay negociación formal con las organizaciones por el bono de fin de año. Sí está aceptado por ambas partes que antes del 10 de diciembre discutiremos de esto cómo pasó los dos años anteriores".
En diciembre pasado beneficiarios de AUH y programa sociales cobraron un bono navideño de $ 2.000.
Este año el monto se incrementaría hasta los $ 2.200 según contó ayer Clarín (la mitad del SSC).
Aunque en el gobierno no confirmaron esa cifra, que no alcanzaría a cubrir la inflación de este año prevista en un 23%, Esteban "Gringo" Castro, referente de la CTEP, admitió que el beneficio rondaría "esa cifra". Y, desafiante, dijo que "lo van a tener que pagar sino va a haber problemas" en la calle.
Mientras tanto, en Casa Rosada continúan febriles negociaciones con gobernadores para avanzar en la reforma tributaria, la ley de Responsabilidad y de Presupuesto que el Congreso comenzará a debatir en los próximos días. Ayer estuvieron algunos mandatarios de origen peronista -Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalaqua (Misiones) y Sergio Uñac (San Juan)- con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, tratando de avanzar en estas discusiones.
Hoy visitarán Balcarce 50 otros mandatarios para continuar con esas negociaciones. Los representantes de las 24 provincias -la única excepción es Alberto Rodríguez Saá (San Luis) que podría enviar a su vice- confirmaron su asistencia para mañana cuando se produzca la esperada foto con Mauricio Macri, probablemente en Olivos, tras el triunfo electoral de Cambiemos y su llamado a avanzar en consensos básicos.