En el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo, denunciaron que un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas.
Según trascendidos, en los tribunales vincularon el ataque a una organización criminal allanada el 22 de enero pasado y a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.
“Lo que pasó fue un hecho grave, Tuvimos suerte de que no pasó a mayores. Sabemos que está muy violenta la situación que se está viviendo. La criminalidad en la jurisdicción es grave”, expresó públicamente el camarista de San Martín, Sergio Pilarche.
En diálogo con periodistas, Schiavo describió el episodio como un ataque que no solo perturba el normal desarrollo de la Justicia, sino que representa “un problema institucional que atañe a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires”. Para el juez, la responsabilidad no debe enfocarse en los individuos involucrados, sino en el hecho de que “los funcionarios públicos no tenemos que personalizar los problemas” y que tales hechos afectan seriamente la función de las instituciones.
“No voy a hacer una queja gremial de las condiciones edilicias. Son las condiciones en las que tenemos que trabajar al servicio de la sociedad, somos funcionarios públicos y tenemos que tomarnos esto con mucha seguridad, con mucha responsabilidad y que es institucionalmente grave cuando hay un atentado a una institución pública”, explicó.
Además, sobre la responsabilidad de los hechos, dijo: “No me corresponde a mí especular sobre lo sucedido. Las autoridades que están investigando son las que tienen que determinar. Yo no me siento amenazado, no digo que esté amenazada la Justicia”.
“Que el narcotráfico es algo que está avanzando no me corresponde decirlo a mi pero es algo evidente y claramente hay situaciones que son más graves que otros, con distintos contenidos de violencia”, añadió.
Y aclaró que “en el momento que sucedió estaba muy preocupado por el personal. La gente no vino a protesta por mí, esto es un problema institucional”.
Qué dijo el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense:
Compartieron un comunicado en el que declararon: “El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”.
Y continúa: “Asimismo, evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.
Para finalizar: “Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”.
Por ello, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires exhortaron “a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”.