La Cámara Alta convirtió hoy en ley la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, propuesta por el gobierno nacional, que declara de "utilidad pública" a ambas empresas aéreas, y que apunta a "garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga".
Con el voto afirmativo de 42 senadores del oficialismo y aliados se aprobó la ley que determina que el Estado nacional debe, a partir de ahora, "instrumentar los mecanismos necesarios" para cubrir las necesidades financieras" de Aerolíneas y Austral, y garantizar la prestación de servicios.
La decisión de expropiar a ambas empresas de transporte aéreo de pasajeros fue tomada por el gobierno luego de que fracasó un acuerdo sobre el precio con el Grupo Marsans, poseedor de la mayoría accionaria de las aerolíneas.
En ese marco, en no más de seis meses, un organismo designado por el gobierno deberá presentar un Plan Estratégico para el funcionamiento de las compañías en el mediano y largo plazo. De acuerdo con la iniciativa, se autoriza al Ejecutivo a ceder a los trabajadores el diez por ciento de las acciones de las compañías.
Desde el oficialismo, el senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía "un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001".
Calcagno afirmó que "no se está nacionalizando la deuda", sino que "se expropia una empresa con deudas, que serán saldadas con el propio giro de Aerolíneas".
En sintonía, el titular de la comisión de Presupuesto, Fabián Ríos, advirtió que "el 65 por ciento de la deuda (de Aerolíneas) es la que garantiza la continuidad del funcionamiento" la empresa "por los intereses y los insumos que están comprometidos".
En cambio, la oposición, que reclutó 21 votos en contra, renovó sus cuestionamientos a la iniciativa oficial en los puntos referidos a la deuda que el Estado deberá asumir a partir de la expropiación.
El radicalismo, representado por Gerardo Morales, apuntó contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por la firma del acta-acuerdo con Marsans, que comprometió al Estado a "comprar" Aerolíneas, lo que -dijo- derivará en un juicio futuro "multimillonario" del grupo español contra Argentina.
Jaime escuchó el debate desde el salón Rosado del Senado ubicado al lado del recinto, detrás del sillón que ocupó el presidente provisional del cuerpo, José Pampuro.
De acuerdo con el proyecto oficial, el gobierno estará obligado a presentarse en todas las causas penales en las que se investiguen delitos que los accionistas mayoritarios, los administradores o aún terceros hubieran cometido en perjuicio del patrimonio de las empresas.
El peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá volvió a postular como solución decretar "la quiebra con continuidad de la empresa", de acuerdo con su dictamen de minoría que no recibió acompañamiento de otros senadores.
17 de diciembre de 2008