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Piden al municipio regular el trabajo de los patovicas

Miércoles, 02 de septiembre de 2015 a las 09:05


Desde el sindicato de los empleados de seguridad en locales nocturnos se quejaron de que la municipalidad de Rosario no fiscaliza a los bolicheros, por lo que la actividad queda en manos de personal no capacitado que a veces comete excesos. También confirmaron que los guardias de La Tienda involucrados en la muerte del joven no estaban blanqueados ni figuraban en ningún registro.
Los custodios imputados por el crimen del joven realizaban sus tareas en el bar La Tienda sin estar registrados y en negro.

Referentes del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), que agrupa a los empleados de seguridad de la noche, aseguraron ayer que los tres custodios acusados en la investigación penal por el crimen de Gerardo Escobar trabajaban en el bar La Tienda de manera irregular. Incluso afirmaron que también el resto de los empleados del lugar se desempeñaba en situación de precariedad laboral.

“Los imputados no son afiliados”, aclaró Silvio Alarcón, secretario de prensa del Sutcapra. Para el dirigente, las situaciones de violencia que se generan en boliches en los cuales quedan involucrados patovicas tiene que ver directamente con la falta de control del municipio sobre el rubro, ya que la ordenanza de 2010 que regula la actividad nunca fue reglamentada por el Ejecutivo, por lo que no puede avanzarse en la profesionalización del personal que trabaja en los locales nocturnos, quedando la tarea en manos de gente poco capacitada para hacerlo. “El 90 por ciento de los controladores está en negro”, afirmaron desde el sindicato.

Registro

"Tiene que haber un registro de todos los trabajadores, pero no hay control”, sostuvo Alarcón, al tiempo que recordó que “hay una ordenanza, la 8.522 del año 2010, que la Municipalidad nunca logró reglamentar, en su momento el gobierno del intendente (Miguel) Lifschitz y ahora (Mónica) Fein”, destacó, y puntualizó: “Le venimos pidiendo desde 2010 a la Municipalidad de Rosario que se arme el registro para que no ocurran estos hechos”.

Según sostienen desde el gremio, la aplicación de la normativa que brindaría previsibilidad al funcionamiento de las actividades nocturnas. Entre otras medidas, remarcaron la conveniencia de aplicar un registro local con los datos de cada boliche.

Capacitación

En tanto Sergio Gallina, delegado de asuntos gremiales del Sutcapra, también abogó por la necesidad de capacitar a los empleados a cargo de la seguridad de locales nocturnos, tal como está previsto en la ley provincial Nº 13.205, aprobada el 24 de julio pasado. De acuerdo con esa iniciativa, habrá capacitaciones de primeros auxilios, derechos humanos, y derecho penal, entre otros.

“La Municipalidad viene dictando un curso de RCP (resucitación cardio pulmonar), pero no es suficiente porque la noche se volvió más compleja, ellos lidian con el alcohol y las drogas, y siempre le echan la culpa al patovica de discriminar, cuando en realidad cumple órdenes de sus jefes”, distinguió
Por último, sobre la fuerza laboral empleada en el rubro, sostuvo que “hay una camada de compañeros nuevos trabajando conscientemente y muy bien”, pero remarcó que en Rosario “hay alrededor de dos mil” patovicas trabajando que, al no estar registrados, no se puede saber si cumplen los requisitos mínimos para desempeñarse como controladores, por lo que es difícil asegurarse de que no van a cometer excesos como los que presuntamente terminaron con la vida de Escobar.

El boliche se lava las manos

Ignacio Carbone, abogado que patrocina al dueño del bar La Tienda, donde estuvo Gerardo Escobar la madrugada en que lo mataron y donde trabajaban las cinco personas que están acusadas de homicidio dijo ayer que “estamos en una etapa prematura de la investigación. La fiscal ha dicho que tuvo varias líneas de investigación y se inclinó sobre una, que debe ser acreditada y profundizada con pruebas. Hasta ahora, es una conjetura que tiene la fiscal que deberá demostrarse”.

En tanto, añadió que “sin perjuicio de ello, el titular de La Tienda no va a ser responsable de actos dolosos que ocurren afuera de su alcance. No se puede extender una responsabilidad penal a un establecimiento. Nosotros hemos colaborado y seguiremos colaborando para esclarecer lo ocurrido, pero este hecho no se produjo dentro del local. Se dio en la vía pública”, argumentó.

Pedido de la familia

Guillermo Campana, uno de los abogados de la familia Escobar, insistió con el pedido de que la causa que investiga la muerte de Gerardo pase al fuero federal. “Se van confirmando algunas hipótesis que fuimos planteando desde un primer momento, creemos que la gran movilización que se realizó el jueves pasado le dio un mayor impulso a la investigación, pero también creemos que no se están profundizando algunas responsabilidades”, indicó el letrado.

“Entendemos que hubo participación del personal policial, por eso tanto nosotros como el Defensor General Gabriel Ganón creemos que este caso debe ser caratulado como desaparición forzada de personas –una calificación que comprende penas más graves- y no como homicidio simple”, afirmó Campana. Esto significaría que la causa pase al fuero federal, decisión que recayó en manos del juez Luis María Caterina y será comunicada hoy.

Amedrentado

El abogado Salvador Vera se sintió ‘’amedrentado’’ por la Fiscalía.

La investigación del crimen de Escobar suscitó un contrapunto entre el entorno de la víctima y los funcionarios a cargo de la pesquisa. El abogado Salvador Vera, de la Asamblea por los Derechos del Niño y asesor legal de la familia del joven asesinado, se sintió amedrentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de que lo citaran a declarar en relación a una denuncia que realizó a través de la prensa. El fiscal Guillermo Apanowicz, por su parte señaló que Vera “no debe sentirse amenazado, sino comparecer a declarar en caso de que su denuncia sea verídica”.

Vera había planteado sus dudas sobre el hallazgo del teléfono celular de Escobar, ya que no tenía rastros de barro al ser hallado en la ropa del cadáver rescatado del río. Y se permitió sospechar que el aparato fue colocado en un bolsillo antes de que lo llevaran a la morgue del Instituto Médico Legal. Eso hizo que la Fiscalía citara a Vera el viernes y nuevamente ayer. Vera no se presentó en ninguna de las dos ocasiones, al considerar la citación como un “apriete”.

En esta situación, el abogado presentó un hábeas corpus preventivo ayer, medida que fue rechazada por el juez José Luis Suárez, según informaron desde el MPA. “Los testigos tienen la obligación de declarar cuando las autoridades así lo requieran”, enfatizó el magistrado.

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