Esta idea fue abortada con las declaraciones de Cuartango, quien sin embargo ratificó algo que el gobierno no tenía definido: que, efectivamente, habrá mejora salarial y que la misma será a partir de agosto.
Ahora la discusión se concentrará en los porcentajes propuestos: mientras que los gremios reclamarán el 15%, para el gobierno el tope será del 10%.
Por otro lado todavía se mantienen las medidas de fuerza encaradas desde hace un mes por los auxiliares de la educación, quienes pretenden una suma fija de $300 para normalizar la actividad. Esta semana el ministerio de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria, aceptada por el gremio, que no descarta nuevas medidas de fuerza hasta que el gobierno provincial le de una respuesta concreta.
A pesar del pedido global, cada rama estatal mantiene sus reclamos individuales, como los Judiciales, que realizarán nuevas medidas de fuerza la semana próxima por la instauración del sistema paritario para el sector, mientras que los profesionales de la Salud esperan el nombramiento de 3 mil personas en los hospitales públicos bonaerenses.
La demanda salarial también puede afectar a los municipios, donde los acuerdos alcanzados en el primer trimestre, en muchos casos, fueron sobrepasados por la inflación.
Además, queda pendiente el debate parlamentario del nuevo régimen paritario para los trabajadores municipales en toda la provincia, que tiene la aprobación de las comisiones correspondientes y puede ser tratada a fin de mes.