Tras la sanción de la ley se habilita el reparto de casi más de $100.000 M gracias al acuerdo fiscal federal. Pierden Anses y los pasivos, que resignan la mitad del aumento y un bono insuficiente.
Uno de los diputados del bloque del peronismo salteño puso blanco sobre negro en el marco de la discusión parlamentaria que se cerró con la aprobación de la Ley de Reforma Previsional. Alineado con los intereses del gobernador Juan Manuel Urtubey, explicitó que, a veces, hay que decidir entre la provincia y los jubilados, y eso es "doloroso". La ponencia es una buena síntesis de cómo los gobernadores peronistas honraron, luego de la zozobra política del viernes, el Pacto Fiscal Federal que rubricaron con la Nación.
Con los votos propios del Gobierno y sus aliados circunstanciales el escenario quedó configurado con ganadores y perdedores claros: los favorecidos son Nación, Buenos Aires y las provincias, que se llevan más de $100.000 millones para el año que viene. Y, en la otra esquina, habrá una perdida fuerte de recursos del sistema previsional y de los jubilados, que no sólo se quedarán con menos de la mitad del aumento porcentual que les correspondía con la fórmula anterior, sino que además el bono de empalme del nuevo cálculo les deja en el bolsillo solo entre $300 y $400 a los pasivos que cobran la mínima.
En este acuerdo que nació y se desarrolló como win-win solo para las arcas de la política, los jubilados se inscriben dentro de la siguiente lógica: como la fórmula de cálculo del aumento pasa de ser semestral a bimestral, los abuelos cobrarán en lugar del 12% de aumento que debían por los seis meses, un 5,7%. Así, y tomando un caso de los que estiman los especialistas, un pasivo que cobra $10.000 y en marzo del 2018 debería aumentarse en $1200, sólo le llegarán $570.
Pero eso no es todo. La compensación que el oficialismo pensó para equiparar el empalme de la vieja a la nueva fórmula, no sólo es insuficiente en dinero, sino también en alcance sobre la totalidad de los impactados por esta ley. Es casi un mito que la normativa sólo afecta a los pasivos. En realidad, se aplica sobre un inverso de 17 millones de personas, entre los que además de jubilados hay beneficiarios de asignaciones sociales como la AUH.
En los números reales, el bono alcanza a 10 millones de personas. El 72% de los jubilados (5 millones de un total de 7) con haberes de hasta $10.000. Así las cosas, los jubilados con aportes cobrarán, por única vez, cerca de $750; mientras que recibirán $375 los que entraron con moratoria. Naturalmente, fuentes oficiales apuntaron que esta situación se dará solo en el inicio del cambio de fórmula. Y luego, según los cálculos oficiales, los jubilados en 2018 recibirán aumentos por sobre la inflación.
La norma tiene otro punto poco comentado: los empleados en blanco tendrán la chance de jubilarse con 70 años, y solo en ese punto de su vida los empleadores podrán obligarlos a iniciar los trámites. Mientras que las mujeres podrán jubilarse con 60 y 70 años.
Ahora bien, toda la historia de la baja en el porcentual de aumento a los jubilados y el pase de 6 a 3 meses en cálculo es el corazón de la ingeniería financiera que nació con la firma del Pacto Fiscal entre Nación y las 23 provincias aliadas, todas menos San Luis.
El Pacto Fiscal es un pedido de racionalización de gastos de Nación a la provincias, a cambio de algunos beneficios concretos que son los que llevaron a la colaboración excepcional de Cambiemos y algunos gobernadores peronistas. En el marco de ese pacto, Nación le sacó a Anses la recaudación del 20% del Impuesto a las Ganancias, y se lo compensó con la percepción del 100% del Impuesto al Cheque. Se repartió a la vez ese 20% con las Provincias. Antes de la ley, Ganancias se recaudaba en un 48% por las provincias y 32% se quedaba Nación. Mientras que ahora será 51% y 49%. Como en 2018 la torta total de la recaudación de Ganancias será de $642 mil millones, lo que le quitaron a Anses y se repartieron Nación y los gobernadores son algo más de $100.000 millones.
Lejos está de ser un ahorro para el Estado, sino más bien una redistribución de recursos con fines políticos. El Instituto de Trabajo y Economía (ITE), que analizó los números finos de la iniciativa, precisó que la resignación de ingresos de ANSES es capitalizada mayoritariamente por la Nación que comanda Mauricio Macri, que "incrementa su porción en $121 mil millones para 2018". Mientras que, como una especie de compensación insuficiente, a la ANSES se le entrega el cobro del 100% del Impuesto al Cheque, "un adicional del 30%, dado que en el Presupuesto 2018 ya se contemplaba que el 70% iba a ser destinado al organismo previsional". Así las cosas, la Nación suma, entre los dos tributos, $91 mil millones (gana $121 mil millones por Ganancias y pierde $30 mil millones por impuesto al Cheque), mientras que las provincias en principio pierden $23 mil millones, mientras que ANSES la es la gran perdedora: sacrifica $68 mil millones. Lo de las provincias es pérdida parcial, previa a otros beneficios que la Rosada ya se comprometió a repartir: un bono de 80 mil millones a pagar a diez años con una tasa de 6%. Mientras sigue recibiendo respaldo parlamentario para endeudamientos anuales multimillonarios y con su propia reforma previsional, María Eugenia Vidal se llevará la mejor parte: 40.000 millones en 2018.
Fuente: LetraP