Como había publicado 24CON en una nota la semana pasada, el conflicto del Club Teléfonos tendría como protagonista a un grupo inversor y un concejal de Vicente López. En los últimos días, hubo una reunión entre el intendente Enrique García junto al concejal José Menoyo y autoridades gremiales del sindicato de telefónicos (FATEL). En ese encuentro se habría hablado de la posibilidad que había, por parte del Municipio, de retirar el proyecto que ingresó en el Concejo Deliberante para que se apruebe de manera directa un remate que está en manos de la Justicia de San Isidro. En cambio, los secretarios de FATEL habrían prometido salvar al club como sea.
Según pudo averiguar 24CON, las autoridades de la entidad querrían vender parte de los terrenos para no perder por completo el club. Pero en realidad sería “un negocio para cuatro vivos”, comentaron altas fuentes de la intendencia. Sin embargo, la misma persona asegura que “no se va a terminar construyendo nada porque es un caso que no tiene goyete”.
En declaraciones televisivas el edil Fabián Gnoffo declaró que “es un proyecto que no se va a aprobar de ninguna manera porque el Concejo no tiene nada que ver”. Además, aclaró que “todavía no se trató en sesión y ya piensan que le vamos a dar lugar y no es así”. Por otro lado, en diálogo con 24CON, la concejal Marta Guardo dijo que “el municipio no se puede hacer cargo de una deuda de esa magnitud, son seis millones de pesos que involucran al club y a Nación porque se trata de una donación entre esas partes”.
Mecanismo político-financiero
Se necesitan alrededor de 6 millones de pesos para saldar la deuda o el remate será automático. Un grupo inversor habría llegado de la mano de un concejal con el objetivo de construir un complejo de viviendas y un estacionamiento subterráneo. Los socios vitalicios y los sindicatos que agrupan a los trabajadores del rubro pusieron el grito en el cielo e intentan impedir lo que -seguramente- será un hecho. Sin embargo, en el off the record la mayoría de los concejales oficialistas y opositores rechazan de llano el remate por parte del cuerpo legislativo.
Por parte de la Justicia de San Isidro, la Jueza titular Verónica Paula Valdi, pidió licencia y la subrogante, Alicia Ortolani, no puede firmar ningún remate. Con lo cual, se infiere que la quiebra tendrá un curso legal y los sindicatos en pugna la saldarán.