El presidente disolvió los organismos que se ocupan de los temas de discapacidad y lanzó un nuevo ente de manera inconsulta, reduciendo personal y acotando funciones. Desde las organizaciones que trabajan el tema aseguran que "fue algo puramente mediático. Dijeron que se consultó, pero no hemos sido consultados en ningún momento". Por una convención internacional con rango constitucional el presidente debió haber consultado antes con el sector.
La quita de pensiones por discapacidad que realizó el Ministerio de Desarrollo Social meses atrás, fue sólo la punta del iceberg. A través de Decretos de Necesidad y Urgencia, sin debate legislativo ni audiencias públicas, el oficialismo eliminó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión de Pensiones Asistenciales, ambas dependientes del ministerio que encabeza Carolina Stanley. Además, en su lugar, el Poder Ejecutivo creó la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente que absorbería sus funciones pero bajo la órbita de Presidencia.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo - encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia - rechazó las modificaciones impuestas. Sin embargo, el oficialismo desoye a la Bicameral, y continúa limitando derechos por decreto.
"Hay un nuevo modelo de suspensión de derechos", afirmó al portal web Nuestras Voces Vanira Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también denunciaron la maniobra: "Ya no peleamos por mejorar, sino que rogamos por no retroceder".
Un plan que no fue
"Nos vamos a dedicar a trabajar mucho, todos juntos, para construir este plan. Todos juntos vamos a trabajar para que el tema de la discapacidad pase a ser un tema muy distinto a lo que es hoy", afirmó Gabriela Michetti junto a Mauricio Macri cuando, seis meses atrás, presentó el Plan Nacional de Discapacidad.
Sin embargo, las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad aseguran que el lanzamiento fue una más de las estrategias de marketing llevadas adelante por el oficialismo. "Fue algo puramente mediático. Dijeron que se consultó, pero no hemos sido consultados en ningún momento. La vicepresidenta tuvo un discurso muy ambiguo y sin profundizar en las medidas", afirmó Uriel Weicman, coordinador de la REDI.
A raíz de esta desinformación, y luego de que desde el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley se eliminaran cientos de pensiones por discapacidad, la REDI realizó un Pedido de Acceso a la Información Pública para exigir explicaciones: "sus metas, indicadores, plazos, presupuesto asignado y áreas administrativas involucradas".
Para las organizaciones, la respuesta del gobierno fue casi tan vacía como su presentación. Así lo expusieron en el Informe Alternativo sobre la situación de las Personas con discapacidad: "La respuesta obtenida dista de brindar claridad ya que se circunscribe a citar tres ejes del Plan 'inclusión, heterogeneidad y compromiso comunitario'. El Plan carece de sustento y no tiene una existencia real en el entramado institucional estatal, al no evidenciarse un expediente que dé trámite al mismo y legitime su implementación, la falta de contenido y acciones concretas, así como tampoco un presupuesto asignado para su ejecución".
Gobernar por Decreto
La respuesta del gobierno nacional al pedido de explicaciones por parte de las organizaciones fue el decreto 698/17 en el que se suprimió la CONADIS y la Comisión de Pensiones Asistenciales, ambos sectores dedicados a velar por los derechos de las personas con discapacidad.
En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Discapacidad: un área que reemplazaría a la CONADIS, aunque sin explicar cuáles serían las nuevas funciones que ameritarían el cambio de entidad. "No está del todo claro, no explican a qué se deben los cambios, no dicen por qué lo trabajan a través de un decreto. Al igual que con el plan, no hay ningún tipo de información", afirmó Uriel.
En el mismo sentido, Ana Vallejos, integrante del área de discapacidad de ATE Capital, afirmó que "muchos venimos pidiendo información sobre cómo son los cambios y cómo se van a implementar, pero no responden nada. Es una improvisación y una falta de respeto para quienes venimos luchando".
Lo único que se sabe del decreto, es que es inconstitucional. La Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina suscribió en 2007 y jerarquizó a nivel constitucional, exige en sus artículos Nº4 y Nº33 que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan participen activamente en la creación de los organismos que aseguren su cumplimiento. En otras palabras: El Estado debe trabajar de manera conjunta la creación o modificación de los ámbitos estatales que se encarguen de aplicar correctamente la Convención.
La definición no es un capricho: "¿Cómo alguien que no conoce lo que es la discapacidad puede legislar para discapacitados? Las necesidades del colectivo pueden conocerse acercándose a él y no obviándolo y legislando por decreto", afirmó Vanira Suleiman, abogada de la REDI.
Las organizaciones y personas afectadas por estas medidas no sólo no fueron convocadas para debatir sobre las modificaciones, sino que además descubrieron los cambios a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial: "No hubo instancias de diálogo. De hecho, hacía muy poquito en la comisión de discapacidad habían convocado al presidente de la CONADIS, habían preguntado muchas cosas sobre cuáles eran los planes en materia de discapacidad y en ningún momento anunciaron que estaban pensando en esto. Todos nos enteramos por el Boletín Oficial", declaró Vallejos.
El atropello a los poderes
Ante el atropello del Poder Ejecutivo, una decena de organizaciones - entre las cuales se encontraron la REDI, ATE, la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) - se presentó ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para solicitar el rechazo del decreto que elimina a las instituciones encargadas de velar por los derechos de los discapacitados.
La comisión Bicameral, luego de escuchar la exposición de cada una de las organizaciones, resolvió que se trataba de un decreto inconstitucional y con mayoría absoluta decidió rechazarlo. Según la Ley 26.122 - que regula el accionar de la Bicameral- el rechazo del decreto implica la suspensión del mismo y su inmediato debate en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, luego de que el cierre de la CONADIS y la apertura de la Agencia sea rechazado por la Bicameral, el Poder Ejecutivo avanzó con más decretos sobre la temática. Se trató del DNU 868/17 en donde finalmente crea, bajo la órbita de la Agencia suspendida por el poder legislativo, el Plan Nacional de Discapacidad y una serie de áreas sin especificar responsabilidades: "Dan por sentada la Agencia, hacen de cuenta que no existió este dictamen de invalidez y siguen avanzando en la estructura: crean una comisión presidida por la vicepresidenta de la Nación, crean cargos de funcionarios del gobierno, sin explicar los objetivos, sin oír el rechazo que ya existe", afirma Ana Vallejos.
Proyecto de ley, afuera.
"El procedimiento lógico es encargar un proyecto de ley con audiencias públicas en donde participen organizaciones con y para discapacitados", afirma Uriel, "y no tener que recurrir a un decreto de necesidad y urgencia". El proyecto de ley ya existe: luego de más de un año de debate entre legisladores y distintas agrupaciones de la sociedad civil se había alcanzado un acuerdo.
Sin embargo, el mismo se encuentra postergado. "Los legisladores venían trabajando la temática discapacidad y a fines de 2015 habían conseguido, después de mucho trabajo, un proyecto de ley integral en materia de discapacidad que está frenado en la Comisión de Presupuesto precedida por el diputado del PRO Luciano Laspina".
La existencia del proyecto hizo que las organizaciones civiles no sólo denuncien la inconstitucionalidad del decreto por incumplir la Convención, sino que también se alerten sobre el reemplazo del debate legislativo por los decretos presidenciales. "Nuestro slogan es muy sencillo, no queremos que nos gobiernen por decreto. Y si bien nosotros nos encargamos del área de discapacidad, esto es algo que se está observando en muchos ámbitos. El oficialismo intenta gobernar a través de los decretos".
El proyecto existente apuntaba a mejorar la situación de las personas con discapacidad en múltiples aspectos: "Por ejemplo, uno de los artículos mencionaba que el trabajador con discapacidad con pensión no perdiera la pensión cuando tenía trabajo en blanco si la remuneración era de hasta dos salarios mínimos. Tenía también una montaña de artículos reforzando la responsabilidad del Estado en todo esto, artículos sobre educación, accesibilidad, era realmente un trabajo muy extenso, contemplando los diversos ámbitos de la vida de una persona con discapacidad", afirmó Vallejos.
El proyecto continúa esperando su tratamiento en el Congreso. Mientras tanto, los decretos avanzan contra los derechos de las personas con discapacidad.
Muchas propuestas, poco presupuesto
Al margen de las promesas, las políticas públicas son fácilmente medibles a través del presupuesto asignado y de su ejecución. Tanto desde la REDI como desde ATE, aseguran que de acuerdo al presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el próximo año, será imposible ejecutar las políticas necesarias.
"Nosotros apelamos a la justicia, pero si el Estado no pone presupuesto para eso, tanto en el caso de las pensiones como para otros tantos juicios que existen, no va a cumplir fácilmente". Para ello, las organizaciones sociales se encargarán de hacer llegar las preguntas necesarias al Congreso cuando sea tratada la ley de presupuesto.
"En el proyecto de ley de presupuesto de 2018 ya se preve una quita. Pero además, la Agencia se encuentra habilitada a recaudar por medio de donaciones, legados y cooperación internacional. Cómo la agencia podrá ocuparse de cumplir con la convención sin obtener los recursos indispensables para hacerlo. Que una política pública dependa de la recaudación es un retroceso, porque es el Estado el responsable de asegurar que el ente cuente con todo lo necesario para llevar adelante sus funciones".
Cambio de Paradigma
Según la Convención a la que la Argentina adhiere, la discapacidad no se encuentra en la deficiencia de la persona, que puede ser física, sensorial o mental, entre otras, sino que se encuentra en la interacción de la persona con un entorno repleto de barreras: Es decir que la discapacidad esta en la interacción y no en la persona.
"La Convención lo que hace es pensar en políticas públicas que remuevan las barreras. Sin embargo, lo que se está intentando es volver a viejas concepciones. Está la idea de desconfiar del ciudadano, desconfiar de la persona, del trabajador: que es ñoqui, que es un avivado. El discurso del gobierno lo que hace es generar toda una idea de desconfianza, generar una idea del merecedor y el no merecedor que recuerda a las peores épocas de la Argentina", resalta Ana.
Al respecto, la Dra. Suleiman agregó: "Detrás de estas medidas está el prejuicio de que son todos unos vagos, sino no quitas las pensiones. Una persona con Síndrome de Dawn puede trabajar, claro. Lo que yo me pregunto es cuán receptiva es la sociedad. La discapacidad no es solo la parte medica, sino todas las barrera sociales que ello implica. Ese cambio es imposible de realizar si el Estado no entiende que es su responsabilidad concientizar sobre este tema".
Fuente: NuestrasVoces