Argentina y México, los primeros países de la región en alarmar sobre la situación de Nicaragua

La decisión desmiente la campaña mediática sobre un presunto aval a las detenciones de opositores. Tras la abstención en la OEA, un comunicado conjunto afirma que se analizarán las acciones que "han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras".

El gobierno nacional convocó al embajador argentino en Nicaragua a retornar a Buenos Aires hasta tanto termine de analizar "las preocupantes acciones políticas-legales" que ocurren en ese país y que pusieron "en riesgo la integridad y libertad" de empresarios, militantes y dirigentes opositores a la administración del presidente Daniel Ortega.

La dura decisión diplomática fue anunciada por la Casa Rosada en conjunto con el gobierno de México, a través de una senda declaración oficial en la que instó a que ninguna nación u organismo internacional intervenga en los asuntos internos de otra.

Serán "los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de Derecho y todos los derechos humanos", resalta el texto de los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador.

El comunicado conjunto en el que explícitamente se indica que "Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua" es un giro en la posición que ambos países mantuvieron hace menos de una semana, cuando se abstuvieron de votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución contra el gobierno de Managua. En ese momento se dejó claro el pedido de respeto del "principio de no intervención en asuntos internos" de otros países.

El nuevo comunicado conjunto fue emitido hoy luego de la larga serie de denuncias acumuladas por la presunta afectación a los derechos humanos en ese país.

Por este motivo, Fernández y López Obrador instruyeron a sus embajadores "a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días".

Esas acciones "han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios" de ese país, prosigue el comunicado.

Para esto, los gobiernos argentino y mexicano expresaron "su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación".

Hasta tanto el contexto político y social se aclare en ese país, Argentina y México "se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívoco respeto y la promoción de los derechos humanos" en ese país.

Detuvieron a un quinto precandidato presidencial


Miguel Mora era precandidato a la presidencia por el evangélico Partido de Renovación Democrática (PRD)


Un quinto aspirante a la presidencia de Nicaragua en las elecciones de noviembre fue detenido por presuntos delitos contra la soberanía, informó la policía, con lo que ya son 17 los opositores encarcelados en una ola de arrestos lanzada este mes.

Miguel Mora, quien también es periodista, fue detenido el domingo a la noche en su casa por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares", dijo la policía en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

Como los demás arrestos del mes, el de Mora se realizó en virtud de una ley de seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Ortega aplica a opositores y que ha sido duramente criticada.

El comunicador era precandidato a la presidencia por el evangélico Partido de Renovación Democrática (PRD) al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre.

Con Mora son 17 los opositores detenidos y el quinto precandidato a la presidencia bajo arresto a cinco meses de las elecciones generales, en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo.

La redada policial contra opositores inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, 67 años, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Según los sondeos, Chamorro era la más popular de los postulantes a la silla presidencial y potencial rival de Ortega en las elecciones de noviembre.

Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de una fundación con el mismo nombre de su madre.

También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.

Mora era director del cerrado canal 100% Noticias, actualmente en formato digital.

Es la segunda vez que es encarcelado, luego de un primer arresto el 21 de diciembre de 2018 bajo cargos de incitar al odio para promover "actos terroristas" durante una ola de protestas antigubernamentales que ese año sacudió el país centroamericano.

Fue liberado seis meses después bajo una ley de amnistía.

El Gobierno considera que las manifestaciones de 2018, que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios, fueron un intento de golpe de Estado para apartar a Ortega del poder.

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