Los seis muertos que dejó el triple crimen
Tres extraños suicidios se suman a la masacre de General Rodríguez. La saga macabra arrancó en 2005. Eran jóvenes ambiciosos, comerciaban con medicamentos y tenían vínculos entre sí. La hipótesis del móvil múltiple: efedrina, deudas y tráfico de remedios.
Por Carlos Romero y Lucas Cremades
Ricardo Aníbal Pistone tenía unos 27 años cuando apareció muerto, a fines de abril de 2005. Fue encontrado ahorcado en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Su muerte, confusa y prematura, sería la primera de las muchas que tres años después configurarían el “Triple crimen de General Rodríguez”. Ese caso policial que se extiende como una mancha de aceite sobre los pliegues más opacos del poder.
Antes de su fallecimiento, Pistone estaba siendo investigado por una supuesta estafa: según las actuaciones que constan en la causa Nº 1.277 del Tribunal Criminal Nº 6 de San Isidro, el joven habría usado una chequera falsa y un DNI con una identidad apócrifa para comprar medicamentos en distintos laboratorios. El sospechoso hacía varios meses que aguardaba la resolución del proceso en la Comisaría 3ª de Del Viso, partido de Pilar. La Justicia lo encontró culpable, pero nunca pudo recibir la sentencia. Fue hallado ahorcado en su celda de una forma extraña: la versión periodística de la época –entre ellas, la de la agencia DyN– señaló que el preso estaba atado del cuello con un cordón a una canilla a no más de 70 centímetros del piso.
El 8 de julio de 2005 el expediente se cerró y Pistone fue sobreseído por muerte. Pero cuando el joven aún estaba con vida, entre las pericias para esclarecer la denuncia por estafa, se realizaron varias escuchas telefónicas. En una de ellas se registró una comunicación entre Pistone y un teléfono a nombre de Ariel Vilán, otro de los jóvenes trágicos de esta trama. Vilán era socio en la Droguería Unifarma SA del empresario Mario Martín López Magallanes, que a su vez supo tener negocios con el fallecido Sebastián Forza.
El 24 de agosto de 2008, a sólo 11 días de que los cadáveres de Forza y sus amigos Leopoldo Bina y Damián Ferrón aparecieran fusilados en un zanjón en el kilómetro 11 de la ruta 6, en General Rodríguez, Vilán se arrojó desde el 9º piso de la casa de sus padres en el barrio de Caballito. Vilán estaba atormentado. Tenía miedo de acabar como sus amigos. Un temor similar supo confesar ante el fiscal de la causa, Juan Ignacio Bidone, un testigo de identidad reservada que había sido clave para la investigación y que hace dos semanas apareció muerto en las vías del tren en Villa del Parque. La Justicia caratuló el deceso de Emiliano Nicolás Marcos como suicidio, pero los investigadores del triple crimen dejan entrever que hay varios puntos que no cierran. Esa parece ser la marca de identidad de toda esta trama, que tiene al ambicioso Sebastián Forza como personaje central y donde abundan las sospechas y los cadáveres, pero aún faltan certezas.
En el caso de Pistone, tras su muerte, en noviembre de 2005 en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Pilar, del departamento judicial de San Isidro, se abrió una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido. Ante la consulta de este medio, en esa dependencia informaron que la causa –a la que calificaron como “compleja”– sigue en trámite, a la espera de una resolución por parte del fiscal Marcos Petersen Victorica. Además de las delicadas circunstancias que rodean esta muerte en una dependencia policial, en la UFI también admitieron la existencia de ciertos elementos que conectan con nombres vinculados al triple crimen, por lo que prefirieron mantener reserva sobre lo actuado.
Así las cosas, repasar los hechos a la luz de estas nuevas revelaciones, las que vienen del pasado y las que van perfilando el futuro de la causa, como las detenciones de los hermanos Schilacci y Lanatta –y el vínculo de uno de ellos con el detenido Ibar Pérez Corradi–, permite entrever que el triple crimen es mucho más de lo que hasta ahora se creía. Que los muertos involucrados en la trama hace tiempo dejaron de ser tres. Que el zanjón de General Rodríguez, antes que una tumba improvisada, habría sido una escenografía montada con detalle. Y, sobre todo, que la organización delictiva que operó con sangre en agosto de 2008 sigue rondando a la investigación y a sus protagonistas.
Desconocidos. Los “empresarios” Sebastián Pablo Forza (34), Leopoldo Bina (35) y Damián Ferrón (37) salieron de sus domicilios en la mañana del 7 de agosto del 2008. Horas más tarde, se los tragaba la tierra. Pasaron seis días de especulaciones y cuando la hipótesis del secuestro extorsivo empezaba a ganar terreno, las cámaras de TV mostraron desde el aire una escena del crimen con tres cuerpos maniatados boca abajo. Esa no sería la primera ni la última mortaja descorrida en esta trama, donde abundan los aficionados a las mesas de dinero, los cheques “voladores” y el peligroso negocio de los remedios adulterados y la efedrina.
Según rezan las jerarquías de la mafia, los siete disparos tatuados en el cadáver de Forza, a diferencia de los cuatro que recibieron Bina y Ferrón, vendrían a explicar el rol que el primero supo ocupar: el de un encantador de serpientes que no pudo evitar ser víctima de ese mismo veneno mortal.
La relación Forza-Ferrón había florecido al amparo de las ambiciones comerciales que ambos tenían en el rubro farmacéutico. Eso explicaría los lazos establecidos a sólo un mes de que se conocieran. Forza era dueño de la droguería Seacamp SA, mientras que Ferrón era empleado de una farmacia y se dedicaba al vínculo con los hospitales, geriátricos y obras sociales, como por ejemplo el Policlínico Bancario. Coincidencias suficientes para montar con Forza un negocio paralelo de compra y venta de medicamentos de dudosa procedencia y la comercialización de lo que, hasta ese momento, era apenas un químico poco conocido: la efedrina.
Del tercero en discordia, el publicista Leopoldo Bina, desde un principio en la causa se sostuvo que era el que menos sabía del asunto que lo llevaría a la tumba. Hacía apenas 15 días desde que había conocido a Forza a través de una agencia de seguridad que le prestaba servicios a otra droguería.
Así estaba escalonado ese extraño trío la última vez que fueron vistos con vida, saliendo rumbo al encuentro que habían pactado con otras personas en el supermercado Walmart de Sarandí. Más tarde, se apagarían sus teléfonos celulares y la camioneta 4x4 de Ferrón aparecería incendiada en el barrio de Flores. Los cuerpos de las víctimas aún no habían aparecido en escena cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, no tuvo reparos en decir que se trataba “de un crimen mafioso”.
Ya desde ese primer momento de la investigación, la fiscalía viene repitiéndose las mismas preguntas: ¿con quiénes se encontraron en el supermercado? ¿Quiénes ejecutaron el crimen y exactamente por qué? Algo es seguro: ninguno de los tres sabía muy bien quién era quién cuando salieron rumbo a Sarandí. Y ya no tendrían tiempo para saberlo.
Salto al vacío. Once días después de la postal macabra tomada por un helicóptero del canal de cable C5N en General Rodríguez, el suicidio de Ariel Vilán se sumaba a los muertos del caso y a la lista de los personajes vinculados con droguerías que también aparecían como aportantes para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Forza había aportado 200.000 pesos para el Frente para la Victoria (FPV) y se supo que Vilán había hecho lo mismo con otros 160.000 pesos, a través de Unifarma, la droguería que compartía con López Magallanes. Empresario de 40 años radicado en el barrio privado La Barra Village, de Ingeniero Maschwitz, López Magallanes aparece como el nexo más claro entre varios de los negocios cruzados que conforman esta historia.
Si bien López Magallanes no está imputado en el triple crimen, sus puntos de contacto con Forza son muchos. Su esposa, Gabriela Fabiana Faraldi, fue socia de Forza y de su viuda, Solange Bellone, en Seacamp SA, la droguería que es investigada por el juez Norberto Oyarbide por la llamada “mafia de los medicamentos” y por la que la viuda está presa.
La sociedad se mantuvo hasta fines de 2003, cuando la relación se rompió por deudas entre las partes, que derivaron en acciones legales. Forza se quedó con Seacamp para seguir operando, mientras que Magallanes creó Unifarma, empresa en la que ubicó a Vilán como miembro del directorio.
Por un tiempo, este analista de sistemas llevó un tren de vida similar al de Forza. De hecho, Vilán le compró su Mini Cooper. Pero hacia 2007, las cuentas de Unifarma viraron a rojo: llegó a tener 410 cheques rechazados y una deuda pendiente de 1.500.000 pesos. La caída financiera fue a la par de la caída personal de Vilán, que terminó suicidándose en circunstancias –una vez más– dudosas.
En los últimos días, versiones periodísticas señalaron que el nombre de López Magallanes figuraría en una escucha telefónica realizada el 11 de agosto de 2008 –dos días antes de que se hallara a Forza, Ferrón y Bina– donde un barrabrava de Boca y una persona no identificada se refieren a la muerte de Forza, al que además mencionan como “socio del Gordo”. Ese es el apodo con el que muchos conocen a López Magallanes y la escucha no fue realizada en la investigación por el triple crimen, sino como parte de las pesquisas por la llamada “Masacre de Unicenter”.
En la noche del 24 de julio de 2008, tres colombianos llegaron al Shopping Unicenter, de San Isidro, a bordo de un Volkswagen Vento. Pocos minutos después, mientras los extranjeros bajaban del auto, un “sicario” se les acercaron y fusiló a dos de ellos valiéndose de una pistola calibre 40.
El único sobreviviente, Julio Andrés Jiménez Jaramillo, habría actuado como entregador, ya que pocos minutos después recibió un mensaje de texto en el que decía: “Los vi en la tele, están muertos”. El mensaje había sido enviado por una mujer, Liliana Falcón, detenida más tarde por su intervención en un envío de 900 kilos de cocaína en un embarque de madera. Por esas extrañas resoluciones de la Justicia argentina, Jiménez Jaramillo salió del país, sin juicios en su contra.
La misma metodología mafiosa se repitió en el episodio ocurrido en febrero de este año en la localidad de San Fernando, donde un ciudadano colombiano llamado Juan Sebastián Galvis Ramírez murió de siete disparos. Lo acribillaron dos personas que se le acercaron en una moto cuando Galvis Ramírez estaba sentado en un banco en la vía pública.
La sombra de los cárteles de la droga oriundos de México y Colombia, deseosos por ampliar los escenarios de sus negocios a sangre y fuego, siempre sobrevoló la causa. De hecho, la Justicia investiga los presuntos lazos entre el mexicano Jesús Martínez Espinosa, bautizado como “El rey de la efedrina” y preso por una “cocina” de drogas hallada en Ingeniero Maschwitz, y el malogrado Sebastián Forza, con quien habría tenido vínculos comerciales. Para los investigadores, el nombre del empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi puede servir para atar estos y otros cabos sueltos de la trama.
Desde hace tiempo que Pérez Corradi figura en la causa como un nombre con peso específico: tuvo problemas de dinero con Forza y venía siendo investigado por la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. En la constructora C&C Building SA y en Odin Concept SRL, dos de las operaciones en las que este empresario participaba, figura como socio de Jorge Adrián Cabrera. Este comerciante es el puente entre Pérez Corradi y el recientemente detenido Martín Lanatta, señalado en una de las líneas de investigación como posible “entregador” de Forza, con el que tenía una relación cercana. Cabrera y Lanatta aparecen como presidente y director suplente, respectivamente, de la droguería Elvesta Argentina SA.
En la madrugada del lunes 21, la Gendarmería Nacional llevó adelante una serie de allanamientos en el sur del Gran Buenos Aires, en los domicilios de cuatro personas señaladas como supuestos coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. En los allanamientos fueron detenidos los hermanos Víctor Gabriel y Marcelo Javier Schillaci, quienes lucen todo “un historial en Quilmes, acreditado en más de 20 o 30 causas, donde testigos los señalan como personas que se dedicaban a realizar secuestros exprés en esta zona”, según reveló el fiscal instantes después de ordenar las capturas. Los otros dos imputados por Bidone también son hermanos. Uno es Cristian Daniel Lanatta, que al momento de su imputación hacía dos meses que se encontraba detenido en el penal de Sierra Chica por el delito de robo calificado. El otro es Martín Lanatta, quien estuvo prófugo, pero acabó por entregarse ante la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense, en la ciudad de La Plata. Puntualmente, sobre este imputado el fiscal señaló que está acreditado en el expediente que “formaba sociedad con finalidades de comercialización de medicamentos” donde habría participado Forza.
La detención de Martín Lanatta fue quizás el mayor giro que dio la causa en todo este tiempo. Tanto que en una de sus propiedades allanadas, ubicada en la calle Nicolás Videla 631 de Quilmes, el fiscal encontró elementos que le permiten sospechar que ese fue uno de los sitios donde Forza, Ferrón y Bina habrían permanecido secuestrados y pasado sus horas finales de vida.
Quien aportó estos datos fue el testigo de identidad reservada Emilio Nicolás Marcos, quien a fines de agosto de 2008 se acercó hasta el estudio del abogado Miguel Ángel Pierri, que representa a la viuda de Forza y a la familia de Ferrón. Como muchos otros jóvenes en esta historia, Marcos, de sólo 25 años y empleado en una farmacia, acabaría muerto. Veinte días atrás, su cuerpo fue hallado en las vías del Ferrocarril General San Martín, en Villa del Parque. El caso, aún abierto, está caratulado como suicidio, pero el fiscal Bidone no oculta sus recelos. En sus propias palabras, Marcos “murió en extrañas circunstancias”. Por ejemplo, está el hecho de que sus ropas no presentan el estado esperable para una persona arrollada por una formación de tren.
Son sospechas. Nuevas sospechas que se suman a todas las que abundan en la causa. Pero en este caso no se puede acusar a los investigadores de inventar fantasmas. El triple crimen ya suma media docena de muertos y, una y otra vez, demuestra que casi nada es lo que parece.
Ricardo Aníbal Pistone tenía unos 27 años cuando apareció muerto, a fines de abril de 2005. Fue encontrado ahorcado en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Su muerte, confusa y prematura, sería la primera de las muchas que tres años después configurarían el “Triple crimen de General Rodríguez”. Ese caso policial que se extiende como una mancha de aceite sobre los pliegues más opacos del poder.
Antes de su fallecimiento, Pistone estaba siendo investigado por una supuesta estafa: según las actuaciones que constan en la causa Nº 1.277 del Tribunal Criminal Nº 6 de San Isidro, el joven habría usado una chequera falsa y un DNI con una identidad apócrifa para comprar medicamentos en distintos laboratorios. El sospechoso hacía varios meses que aguardaba la resolución del proceso en la Comisaría 3ª de Del Viso, partido de Pilar. La Justicia lo encontró culpable, pero nunca pudo recibir la sentencia. Fue hallado ahorcado en su celda de una forma extraña: la versión periodística de la época –entre ellas, la de la agencia DyN– señaló que el preso estaba atado del cuello con un cordón a una canilla a no más de 70 centímetros del piso.
El 8 de julio de 2005 el expediente se cerró y Pistone fue sobreseído por muerte. Pero cuando el joven aún estaba con vida, entre las pericias para esclarecer la denuncia por estafa, se realizaron varias escuchas telefónicas. En una de ellas se registró una comunicación entre Pistone y un teléfono a nombre de Ariel Vilán, otro de los jóvenes trágicos de esta trama. Vilán era socio en la Droguería Unifarma SA del empresario Mario Martín López Magallanes, que a su vez supo tener negocios con el fallecido Sebastián Forza.
El 24 de agosto de 2008, a sólo 11 días de que los cadáveres de Forza y sus amigos Leopoldo Bina y Damián Ferrón aparecieran fusilados en un zanjón en el kilómetro 11 de la ruta 6, en General Rodríguez, Vilán se arrojó desde el 9º piso de la casa de sus padres en el barrio de Caballito. Vilán estaba atormentado. Tenía miedo de acabar como sus amigos. Un temor similar supo confesar ante el fiscal de la causa, Juan Ignacio Bidone, un testigo de identidad reservada que había sido clave para la investigación y que hace dos semanas apareció muerto en las vías del tren en Villa del Parque. La Justicia caratuló el deceso de Emiliano Nicolás Marcos como suicidio, pero los investigadores del triple crimen dejan entrever que hay varios puntos que no cierran. Esa parece ser la marca de identidad de toda esta trama, que tiene al ambicioso Sebastián Forza como personaje central y donde abundan las sospechas y los cadáveres, pero aún faltan certezas.
En el caso de Pistone, tras su muerte, en noviembre de 2005 en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Pilar, del departamento judicial de San Isidro, se abrió una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido. Ante la consulta de este medio, en esa dependencia informaron que la causa –a la que calificaron como “compleja”– sigue en trámite, a la espera de una resolución por parte del fiscal Marcos Petersen Victorica. Además de las delicadas circunstancias que rodean esta muerte en una dependencia policial, en la UFI también admitieron la existencia de ciertos elementos que conectan con nombres vinculados al triple crimen, por lo que prefirieron mantener reserva sobre lo actuado.
Así las cosas, repasar los hechos a la luz de estas nuevas revelaciones, las que vienen del pasado y las que van perfilando el futuro de la causa, como las detenciones de los hermanos Schilacci y Lanatta –y el vínculo de uno de ellos con el detenido Ibar Pérez Corradi–, permite entrever que el triple crimen es mucho más de lo que hasta ahora se creía. Que los muertos involucrados en la trama hace tiempo dejaron de ser tres. Que el zanjón de General Rodríguez, antes que una tumba improvisada, habría sido una escenografía montada con detalle. Y, sobre todo, que la organización delictiva que operó con sangre en agosto de 2008 sigue rondando a la investigación y a sus protagonistas.
Desconocidos. Los “empresarios” Sebastián Pablo Forza (34), Leopoldo Bina (35) y Damián Ferrón (37) salieron de sus domicilios en la mañana del 7 de agosto del 2008. Horas más tarde, se los tragaba la tierra. Pasaron seis días de especulaciones y cuando la hipótesis del secuestro extorsivo empezaba a ganar terreno, las cámaras de TV mostraron desde el aire una escena del crimen con tres cuerpos maniatados boca abajo. Esa no sería la primera ni la última mortaja descorrida en esta trama, donde abundan los aficionados a las mesas de dinero, los cheques “voladores” y el peligroso negocio de los remedios adulterados y la efedrina.
Según rezan las jerarquías de la mafia, los siete disparos tatuados en el cadáver de Forza, a diferencia de los cuatro que recibieron Bina y Ferrón, vendrían a explicar el rol que el primero supo ocupar: el de un encantador de serpientes que no pudo evitar ser víctima de ese mismo veneno mortal.
La relación Forza-Ferrón había florecido al amparo de las ambiciones comerciales que ambos tenían en el rubro farmacéutico. Eso explicaría los lazos establecidos a sólo un mes de que se conocieran. Forza era dueño de la droguería Seacamp SA, mientras que Ferrón era empleado de una farmacia y se dedicaba al vínculo con los hospitales, geriátricos y obras sociales, como por ejemplo el Policlínico Bancario. Coincidencias suficientes para montar con Forza un negocio paralelo de compra y venta de medicamentos de dudosa procedencia y la comercialización de lo que, hasta ese momento, era apenas un químico poco conocido: la efedrina.
Del tercero en discordia, el publicista Leopoldo Bina, desde un principio en la causa se sostuvo que era el que menos sabía del asunto que lo llevaría a la tumba. Hacía apenas 15 días desde que había conocido a Forza a través de una agencia de seguridad que le prestaba servicios a otra droguería.
Así estaba escalonado ese extraño trío la última vez que fueron vistos con vida, saliendo rumbo al encuentro que habían pactado con otras personas en el supermercado Walmart de Sarandí. Más tarde, se apagarían sus teléfonos celulares y la camioneta 4x4 de Ferrón aparecería incendiada en el barrio de Flores. Los cuerpos de las víctimas aún no habían aparecido en escena cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, no tuvo reparos en decir que se trataba “de un crimen mafioso”.
Ya desde ese primer momento de la investigación, la fiscalía viene repitiéndose las mismas preguntas: ¿con quiénes se encontraron en el supermercado? ¿Quiénes ejecutaron el crimen y exactamente por qué? Algo es seguro: ninguno de los tres sabía muy bien quién era quién cuando salieron rumbo a Sarandí. Y ya no tendrían tiempo para saberlo.
Salto al vacío. Once días después de la postal macabra tomada por un helicóptero del canal de cable C5N en General Rodríguez, el suicidio de Ariel Vilán se sumaba a los muertos del caso y a la lista de los personajes vinculados con droguerías que también aparecían como aportantes para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Forza había aportado 200.000 pesos para el Frente para la Victoria (FPV) y se supo que Vilán había hecho lo mismo con otros 160.000 pesos, a través de Unifarma, la droguería que compartía con López Magallanes. Empresario de 40 años radicado en el barrio privado La Barra Village, de Ingeniero Maschwitz, López Magallanes aparece como el nexo más claro entre varios de los negocios cruzados que conforman esta historia.
Si bien López Magallanes no está imputado en el triple crimen, sus puntos de contacto con Forza son muchos. Su esposa, Gabriela Fabiana Faraldi, fue socia de Forza y de su viuda, Solange Bellone, en Seacamp SA, la droguería que es investigada por el juez Norberto Oyarbide por la llamada “mafia de los medicamentos” y por la que la viuda está presa.
La sociedad se mantuvo hasta fines de 2003, cuando la relación se rompió por deudas entre las partes, que derivaron en acciones legales. Forza se quedó con Seacamp para seguir operando, mientras que Magallanes creó Unifarma, empresa en la que ubicó a Vilán como miembro del directorio.
Por un tiempo, este analista de sistemas llevó un tren de vida similar al de Forza. De hecho, Vilán le compró su Mini Cooper. Pero hacia 2007, las cuentas de Unifarma viraron a rojo: llegó a tener 410 cheques rechazados y una deuda pendiente de 1.500.000 pesos. La caída financiera fue a la par de la caída personal de Vilán, que terminó suicidándose en circunstancias –una vez más– dudosas.
En los últimos días, versiones periodísticas señalaron que el nombre de López Magallanes figuraría en una escucha telefónica realizada el 11 de agosto de 2008 –dos días antes de que se hallara a Forza, Ferrón y Bina– donde un barrabrava de Boca y una persona no identificada se refieren a la muerte de Forza, al que además mencionan como “socio del Gordo”. Ese es el apodo con el que muchos conocen a López Magallanes y la escucha no fue realizada en la investigación por el triple crimen, sino como parte de las pesquisas por la llamada “Masacre de Unicenter”.
En la noche del 24 de julio de 2008, tres colombianos llegaron al Shopping Unicenter, de San Isidro, a bordo de un Volkswagen Vento. Pocos minutos después, mientras los extranjeros bajaban del auto, un “sicario” se les acercaron y fusiló a dos de ellos valiéndose de una pistola calibre 40.
El único sobreviviente, Julio Andrés Jiménez Jaramillo, habría actuado como entregador, ya que pocos minutos después recibió un mensaje de texto en el que decía: “Los vi en la tele, están muertos”. El mensaje había sido enviado por una mujer, Liliana Falcón, detenida más tarde por su intervención en un envío de 900 kilos de cocaína en un embarque de madera. Por esas extrañas resoluciones de la Justicia argentina, Jiménez Jaramillo salió del país, sin juicios en su contra.
La misma metodología mafiosa se repitió en el episodio ocurrido en febrero de este año en la localidad de San Fernando, donde un ciudadano colombiano llamado Juan Sebastián Galvis Ramírez murió de siete disparos. Lo acribillaron dos personas que se le acercaron en una moto cuando Galvis Ramírez estaba sentado en un banco en la vía pública.
La sombra de los cárteles de la droga oriundos de México y Colombia, deseosos por ampliar los escenarios de sus negocios a sangre y fuego, siempre sobrevoló la causa. De hecho, la Justicia investiga los presuntos lazos entre el mexicano Jesús Martínez Espinosa, bautizado como “El rey de la efedrina” y preso por una “cocina” de drogas hallada en Ingeniero Maschwitz, y el malogrado Sebastián Forza, con quien habría tenido vínculos comerciales. Para los investigadores, el nombre del empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi puede servir para atar estos y otros cabos sueltos de la trama.
Desde hace tiempo que Pérez Corradi figura en la causa como un nombre con peso específico: tuvo problemas de dinero con Forza y venía siendo investigado por la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. En la constructora C&C Building SA y en Odin Concept SRL, dos de las operaciones en las que este empresario participaba, figura como socio de Jorge Adrián Cabrera. Este comerciante es el puente entre Pérez Corradi y el recientemente detenido Martín Lanatta, señalado en una de las líneas de investigación como posible “entregador” de Forza, con el que tenía una relación cercana. Cabrera y Lanatta aparecen como presidente y director suplente, respectivamente, de la droguería Elvesta Argentina SA.
En la madrugada del lunes 21, la Gendarmería Nacional llevó adelante una serie de allanamientos en el sur del Gran Buenos Aires, en los domicilios de cuatro personas señaladas como supuestos coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. En los allanamientos fueron detenidos los hermanos Víctor Gabriel y Marcelo Javier Schillaci, quienes lucen todo “un historial en Quilmes, acreditado en más de 20 o 30 causas, donde testigos los señalan como personas que se dedicaban a realizar secuestros exprés en esta zona”, según reveló el fiscal instantes después de ordenar las capturas. Los otros dos imputados por Bidone también son hermanos. Uno es Cristian Daniel Lanatta, que al momento de su imputación hacía dos meses que se encontraba detenido en el penal de Sierra Chica por el delito de robo calificado. El otro es Martín Lanatta, quien estuvo prófugo, pero acabó por entregarse ante la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense, en la ciudad de La Plata. Puntualmente, sobre este imputado el fiscal señaló que está acreditado en el expediente que “formaba sociedad con finalidades de comercialización de medicamentos” donde habría participado Forza.
La detención de Martín Lanatta fue quizás el mayor giro que dio la causa en todo este tiempo. Tanto que en una de sus propiedades allanadas, ubicada en la calle Nicolás Videla 631 de Quilmes, el fiscal encontró elementos que le permiten sospechar que ese fue uno de los sitios donde Forza, Ferrón y Bina habrían permanecido secuestrados y pasado sus horas finales de vida.
Quien aportó estos datos fue el testigo de identidad reservada Emilio Nicolás Marcos, quien a fines de agosto de 2008 se acercó hasta el estudio del abogado Miguel Ángel Pierri, que representa a la viuda de Forza y a la familia de Ferrón. Como muchos otros jóvenes en esta historia, Marcos, de sólo 25 años y empleado en una farmacia, acabaría muerto. Veinte días atrás, su cuerpo fue hallado en las vías del Ferrocarril General San Martín, en Villa del Parque. El caso, aún abierto, está caratulado como suicidio, pero el fiscal Bidone no oculta sus recelos. En sus propias palabras, Marcos “murió en extrañas circunstancias”. Por ejemplo, está el hecho de que sus ropas no presentan el estado esperable para una persona arrollada por una formación de tren.
Son sospechas. Nuevas sospechas que se suman a todas las que abundan en la causa. Pero en este caso no se puede acusar a los investigadores de inventar fantasmas. El triple crimen ya suma media docena de muertos y, una y otra vez, demuestra que casi nada es lo que parece.
