La resolución dispone que dentro de los 180 días, que corren desde el día de ayer, las empresas presenten el plan de instalación de cámaras "en todas las unidades automotoras que ya se encuentren incorporadas al parque móvil de servicios de transporte público de pasajeros de línea regular" y tendrán un año para ejecutarlo. El incumplimiento podría llevar a la inhabilitación de la unidad.
La normativa haría cumplir la Ley N° 14.897, que fue sancionada en 2016 y que por falta de financiamiento fue promulgada recién en 2018, a raíz de las fuertes protestas provocadas por el asesinato de Leandro Miguel Alcaraz, chofer de la línea 620. Aquel año, la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto al ex Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se habían comprometido en regular el equipamiento de todos los colectivos. Sin embargo, debido a la falta de control, la mayoría de las empresas incumplió con el convenio.
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A través de un comunicado oficial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) agradeció al Ministro de Seguridad Sergio Berni y al Ministro de Infraestructura Agustín Simone, por la firma de este acuerdo, presentándolo como la solución al pedido de seguridad que encabezan desde hace años los choferes de colectivos.
Sin embargo, en medio de fuertes disputas dentro del sindicato, sectores disidentes a la cúpula de la UTA agrupados en Choferes Autoconvocados, quienes semanas atrás protagonizaron paros por aumento de salario y vacunas, manifestaron en su diálogo con 24Con.com que aunque saludan la medida, la ven insuficiente.
Sostienen que esta resolución no previene eventuales ataques, dejando igualmente expuestos tanto a choferes como a pasajeros, y exigen que además se incorporen cabinas.
Con la nueva resolución se establecieron las características y recomendaciones técnicas necesarias para la instalación de los equipos que filmarán las 24 horas, imponiendo a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) como Ente Regulador.