Eran casi las seis de la tarde. El hijo mayor de la dueña de casa estaba mirando el celular en la vereda cuando vio llegar de repente a varios patrulleros. Acto seguido, apareció un efectivo policial que, apuntándole con un arma, le ordenó que se tire al piso.
Los agentes rápidamente rodearon la vivienda, rompieron la puerta a patadas y redujeron a toda la familia que, en una construcción contigua, administraba un almacén barrial. Se trató de un allanamiento por una denuncia anónima que aseguraba que el sitio era usado como búnker de drogas.
Sin embargo, el operativo terminó en la nada: en el lugar no había drogas, ni cocina, ni elementos de corte u otros indicios de venta al menudeo o maniobras de tráfico. La secuencia dejó a otra mujer, principal responsable del almacén, con un ataque de nervios. La familia, en la que también había menores, estuvo incomunicada durante cuatro horas.
En un vídeo registrado por las cámaras de seguridad, se puede escuchar la desesperación de una de las hasta entonces sospechosas, que no entendía los motivos del procedimiento. Según explicitó luego, en el tiempo reciente había sido víctima de dos intentos de robo: pensó que se trataba del tercero.
La damnificada aseguró que fue acusada sin ninguna prueba y pidió que los denunciantes se hagan cargo de la situación.