La causa tuvo su génesis como consecuencia de una denuncia efectuada a la Línea 145. A través de la misma, un vecino alertó acerca del funcionamiento de una fábrica textil clandestina que, bajo la supervisión de varias personas, sometía laboralmente a un nutrido grupo de trabajadores.
El conjunto de tareas de campo, que contemplaron vigilancias encubiertas durante algunos días y en diferentes franjas horarias, permitió establecer que los trabajadores se hallaban expuestos a largas jornadas laborales, siendo extremadamente controlados durante días enteros por distintos empleadores que se turnaban exclusivamente para ello.
Asimismo, se pudo constatar que los damnificados gozaban de escasos minutos de descanso y que, además, cumplían sus actividades dentro del taller con la persiana baja, enfrentándose a una serie de riesgos en términos de salud.
En otro orden, los agentes federales determinaron que los responsables conformaban una banda emparentada familiarmente entre sí, A su vez, no contaban con ninguna habilitación para operar. En ese sentido, los empleados tampoco estaban debidamente registrados, por lo cual su situación laboral se encontraba en “negro”.
Una vez reunidas las pruebas requeridas, el magistrado interventor autorizó la ejecución del correspondiente allanamiento. Atento a ello, los uniformados ingresaron al domicilio e identificaron a cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana. Por otra parte, detuvieron a un sujeto argentino sobre quien pesaba una solicitud de captura por el delito de “Falsificación de moneda extranjera”.
Durante el desarrollo del operativo se procedió, además, al rescate de 16 personas de nacionalidad boliviana, paraguaya y argentina. A su vez, se secuestraron siete teléfonos celulares, 30 máquinas de coser, una mesa de corte de tela y documentación de interés.
Cabe destacar que, posteriormente, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procedieron a la inmediata clausura del local, cesando por completo la actividad ilegal. En tanto, las víctimas recibieron la contención de la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.
Los imputados, mayores de edad, quedaron a disposición de la justicia por el delito de “Trata de personas” y aguardando las actuaciones procesales de rigor.