En el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una compleja estructura criminal vinculada originalmente a hechos de piratería del asfalto, cuyos líderes utilizaron el dinero proveniente de sus actividades ilícitas para montar una estructura sanitaria clandestina, compuesta por consultorios médicos ilegales, farmacias sin habilitación y una flota de falsas ambulancias.
Durante los operativos fueron detenidos 29 integrantes de la red delictiva, se incautaron 7 vehículos ploteados como ambulancias y se decomisaron medicamentos e insumos valuados en mas de 80 millones de pesos, entre muchos otros elementos de valor probatorio.
La génesis de la presente pesquisa, surgió en febrero del corriente año a requerimiento de la Unidad Fiscal Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Fernando Garate, Secretaría del Dr. Francisco Veiga, quienes encomendaron las tareas investigativas a la División Investigación del Robo Organizado de la PFA, con la finalidad de establecer el funcionamiento y alcance de dicha banda cuya base operativa se hallaba en distintos puntos del conurbano bonaerense.
A medida que avanzaron las tareas de inteligencia criminal, los efectivos federales lograron establecer la identidad del cabecilla de la gavilla, quien poseía un frondoso prontuario de antecedentes penales por crímenes de homicidio y robo.
Asimismo, también descubrieron que la organización no solo se dedicaba a delitos vinculados al robo de mercaderías en tránsito, sino que además había montado una empresa de medicina prepaga ficticia denominada “Argentina Salud” con el propósito de blanquear capitales provenientes del hampa, la cual funcionaba sin las habilitaciones legales correspondientes, utilizando además falsos médicos, camilleros y farmacéuticos.
Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Rubén Ochipinti, ordenó la realización de trece allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning, donde funcionaban consultorios médicos clandestinos, farmacias ilegales, depósitos y bases operativas utilizadas por dicha estructura.
Durante el desarrollo de los procedimientos, los uniformados lograron la detención de 29 personas entre miembros principales y secundarios de la estructura delictiva, incluyendo a quienes se encargaban de la operatoria logística, administrativa y sanitaria de la falsa prepaga.
Asimismo, los efectivos policiales procedieron al secuestro de 7 vehículos de distintos portes ploteados como ambulancias, las cuales circulaban sin ningún tipo de habilitación; una escopeta y dos pistolas con gran cantidad de municiones, 286 sellos de profesionales de la salud, gran cantidad de talonarios y recetarios médicos, 3200 historias clínicas, 36 teléfonos celulares, 48 computadoras y dispositivos electrónicos; abundante documentación de interés para la causa y medicamentos e insumos médicos pertenecientes a las farmacias clandestinas, valuados en aproximadamente 80 millones de pesos.
IRREGULARIDADES, OCULTAMIENTO DE PRUEBAS Y DENUNCIAS DE VECINOS
Uno de los procedimientos que llamó poderosamente la atención de los detectives tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Fortín Yunka de la localidad de Virrey del Pino, donde se hallaron restos de medicamentos parcialmente incinerados y extrañas excavaciones realizadas en distintos sectores del terreno, situación que motivó la inmediata convocatoria de personal especializado del Departamento Delitos Ambientales, la División Unidad de Búsqueda De Evidencia y la División Canes de Bomberos, todos de la PFA.
Si bien luego de realizar un minucioso rastrillaje con la ayuda de los canes especializados no se hallaron restos humanos, las circunstancias detectadas en el lugar generaron una profunda preocupación entre los investigadores y derivaron en nuevas medidas judiciales tendientes a determinar posibles maniobras de ocultamiento de evidencias.
En paralelo al desarrollo de los operativos, numerosos pacientes y vecinos comenzaron a presentarse de manera espontánea en los distintos lugares allanados, para denunciar presuntos casos de mala praxis, irregularidades médicas y tratamientos efectuados por personas que carecían de título habilitante, testimonios que fueron incorporados a la causa judicial a fin de profundizar la investigación sobre el accionar de la falsa prepaga.
Por otra parte, de acuerdo a las averiguaciones practicadas hasta el momento se pudo establecer que la organización habría construido una compleja fachada sanitaria para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas, simulando brindar servicios médicos y farmacéuticos a vecinos de bajos recursos mediante estructuras absolutamente irregulares y carentes de control estatal.
De esta manera, el magistrado interventor dispuso diversas medidas complementarias, incluyendo nuevas líneas investigativas orientadas a determinar el alcance económico y patrimonial de la organización, como así también la eventual existencia de más víctimas relacionadas con la maniobra ilícita.
Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.