Un empleado judicial, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), su hermano y su madre, fueron detenidos acusados de conformar una asociación ilícita que robó del depósito de efectos secuestrados de las fiscalías de Junín armas de fuego que estaban incautadas en el marco de causas penales para su posterior venta.
En la investigación se confirmó que del depósito faltan 20 armas y municiones que, según la pesquisa, terminaron vendidas en el mercado negro en San Nicolás. A pesar de las detenciones la causa no está cerrada ya que se trabaja en una nueva revisión del inventario en Junín porque se sospecha que podrían faltar más armas.
La Fiscalía General de Junín informó en un comunicado que la investigación comenzó en agosto de 2022 a raíz de un relevamiento realizado en el Área de Efectos del Ministerio Público Fiscal departamental al confirmar el faltante de armas de fuego que debían estar secuestradas como evidencia en distintos procesos penales.
Según precisaron fuentes judiciales la causa la inició el fiscal Esteban Pedernera, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Junín, a partir de un expediente a su cargo, por violencia de género, donde un imputado a quien se le había secuestrado un arma por la irregularidad de no tener en regla todas sus credenciales, al regularizar dicha situación pidió la devolución de la misma.
"El arma no aparecía. Pensamos al principio que era algún error administrativo involuntario, pero al confirmar que realmente no estaba, comenzó la investigación y confirmamos que eran varias las armas de fuego faltantes en el depósito", dijo un investigador judicial.
Tras varios meses, la pesquisa culminó ayer con cuatro detenciones solicitadas por el fiscal Pedernera y ordenadas por la jueza de Garantías 2 de Junín Marisa Muñoz Saggese.
La fiscalía de Junín identificó a los detenidos como el agente judicial Germán Néstor Villar, el agente penitenciario Miguel Santillán, su hermano Franco Santillán y su madre Nora Ledesma.
En el caso de Villar nunca estuvo a cargo ni asignado a tarea alguna relativa el Área de Efectos secuestrados y la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial.
Por el lado de Santillán, la fiscalía aclaró en el comunicado que se trata de un agente penitenciario en actividad que realiza tareas en la Unidad 49 de Junín, pero cuya conducta, en este caso, "tampoco involucraría la responsabilidad institucional o funcional del personal de dicho establecimiento".
Respecto de los otros dos imputados, familiares del penitenciario, se informó que tienen domicilio en la localidad de San Nicolás de los Arroyos donde según la pesquisa se vendían las armas robadas.
La imputación que pesa sobre los imputados incluye cinco delitos: hurto agravado, la sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, el peculado, la asociación ilícita y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial.