En el marco de una entrevista, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió al reciente fallo de la justicia que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia.
La medida judicial fundamentó la postergación en serias deficiencias de infraestructura para albergar a los menores de entre 14 y 16 años que ahora quedan alcanzados por la normativa.
Alonso respaldó la lógica del freno judicial al advertir la duplicación de la demanda sobre el sistema penal sin el correspondiente respaldo económico del Estado nacional.
“La ley en su artículo 50 y 51 establece que las asignaciones presupuestarias para la implementación iban a ser contempladas. Se disponía una partida específica de casi 24.000 millones de pesos al Ministerio de Justicia de la Nación, pero a la provincia no llegó un peso”, denunció el funcionario.
El ministro cuestionó la agenda política de la administración central, catalogándola de "demagógica" y desconectada de la gestión territorial.
“El gobierno nacional, como siempre, dicta medidas. Este es un gobierno legislativo que genera cosas y que después cómo se financian, cómo se implementan, nadie lo sabe. Después no hay una acción concreta para llevarlo adelante”, explicó.
Según Alonso, la aplicación efectiva de la baja de imputabilidad requiere nombrar a una gran cantidad de nuevos agentes judiciales y reacondicionar dependencias.
“Tenemos que pensar que hay que duplicar la cantidad de cargos de jueces, de fiscales, defensores; hay que ampliar la cantidad de establecimientos específicos para trabajar con los menores que sean condenados”.
Datos alarmantes y el debate sobre la delincuencia infantil:
Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando el titular de la cartera de seguridad brindó precisiones sobre la preocupante realidad de la delincuencia cometida por niños que, incluso con la legislación anterior, ya eran puestos a disposición institucional por la gravedad de sus actos.
“El año pasado la justicia de la provincia de Buenos Aires encerró a 40 menores de 12 años con armas de fuego, que cometieron delitos graves con armas de fuego. Menores de 11 años, menores de 10 años”, manifestó.
En esa misma línea, el funcionario remarcó la paradoja de los discursos punitivistas frente a las herramientas que la provincia ya aplica mediante programas propios de contención y seguimiento.
“En los institutos de menores hay por lo menos 100 menores que tienen menos de 16 años que cometieron delitos graves con arma de fuego, entonces la ley ya está vigente en la provincia”, explicó.
Frente a esto, contrapuso la inversión del tesoro bonaerense para abordar la problemática: “El gobierno provincial destina más de 13.000 millones de pesos para hacer ese seguimiento sociocomunitario”.
Y siguió: “Logramos reducir un 22% la participación de los menores en los homicidios el último año”.
Cruces por las estadísticas de homicidios y las fuerzas federales:
Alonso también aprovechó la oportunidad para defender la gestión del gobernador Axel Kicillof y rechazar las críticas de la dirigencia nacional, mencionando a Patricia Bullrich.
“Que terminen con ese verso de las redes sociales porque acá lo único que hacen es ir al parlamento a hacerse los estadistas, pero después destruyen al Estado", dijo.
Argumentó que la baja en la tasa de criminalidad de Argentina se sostiene fundamentalmente por el esfuerzo de las jurisdicciones locales.
“Si la Argentina es el país más seguro de la región es porque todos esos homicidios los prevenimos nosotros con el trabajo que hace nuestra policía”, afirmó.
En la misma línea, dijo: “En las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay 18.000 presos más que cuando llegó Kicillof”.
Finalmente, el ministro lanzó duras declaraciones sobre las condiciones actuales y el desempeño de los efectivos federales en territorio bonaerense y en las fronteras del país.
“Fíjate en qué situación están las fuerzas federales, que están de brazos caídos”, aseguró.
Y manifestó: “No trabaja ningún gendarme, no trabaja ningún policía federal por los sueldos miserables que le pagan, no tienen obra social, no tienen patrulleros, no tienen helicóptero”.
“La frontera es un colador, llega la droga por todos lados. Los únicos que trabajamos para evitar el delito somos nosotros y estamos solos”, agregó finalmente.