Un grupo de vecinos del edificio evacuado en Parque Patricios por el derrumbe de una losa sobre un garaje intentó este viernes la mediodía ingresar a las viviendas y a la zona de obras. Preocupados porque desde el martes se quedaron sin casa, pidieron que los dejen retirar pertenencias y también hubo protestas porque aseguraron que los trabajos que está haciendo la empresa Cosud, que construyó los edificios de ese sector, todavía no fueron autorizados por la Justicia.
Fuentes ligadas a la empresa dijeron a la prensa que las obras de apuntalamiento sí están autorizadas, y que avanzan de acuerdo con el plan que aprobó el Gobierno porteño. En el mismo sentido, se informó que se busca determinar el verdadero riesgo de derrumbe para avanzar con las obras que permitan el regreso a los hogares.
El grupo que se reunió frente al sector 2 del barrio Estación Buenos Aires, sobre la calle Mafalda, tenía previsto marchar a la sede del Gobierno porteño, a unas cuadras de allí, sobre la calle Uspallata. Los reclamos principales tienen que ver con que los dejen entrar a retirar pertenencias, que les den más asistencia y que se prorroguen los plazos en los hoteles a los que fueron trasladados quienes no tienen otra solución para vivir.
Después de las 13:00, un grupo movió los vallados dispuestos por la Policía de la Ciudad y la protesta se intensificó al ver que una retroescavadora movía los escombros en la zona que se derrumbó. En ese momento, todo fue confusión, porque algunos sostenían que eran trabajos sin atuorización y que buscaban "ocultar pruebas".
También reclamaban la presencia de María del Rosario Selvatici, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31.
De acuerdo a la información disponible, la empresa constructora Cosud presentó el Plan Ejecutivo de trabajo ante la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad, que la aprobó.
Lo que se busca es generar las condiciones de seguridad adecuadas para el reingreso de las más de 300 personas evacuadas en el menor plazo posible. Es que los afectados vieron por última vez sus hogares -subiendo uno a uno en orden- el martes al mediodía, cuando se les otorgaron siete minutos para subir y recuperar elementos de primera necesidad.
Los incidentes:
Este viernes se repetía la escena de los días anteriores. Pese que todos fueron reubicados, algunos en casas de familiares y otros en hoteles, suelen ir hasta el barrio para interiorizarse sobre los arreglos u obtener información sobre los pasos a seguir. Hasta que, al ver las máquinas excavadoras, intentaron pasar el vallado para ingresar a los edificios.
El jueves por la tarde, un grupo reducido de vecinos que representa al conjunto se reunió en la sede del gobierno porteño con el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur, Marcelo Di Mario. “Nos ofrecieron tener un espacio hasta el miércoles en los hoteles”, contó Andrea Remy, una de las damnificadas que ofrece una condición crítica como paciente oxígeno-dependiente.
"Hay falta de comunciación por parte de la fiscalía. Primero se dijo que no estaba autorizada la remoción de escombros. Entonces, cuando vimos que la máquina empezó a trabajar, mucha gente se le fue al humo. Pero después un grupo habló con la fiscal y les reconoció que lo había autorizado", le dijo Nicolás Koplin a la prensa.
Y agregó: "Nosotros estamos juntando plata para pagar un perito y cuando vimos la máquina pensamos que se estaban removiendo pruebas. Hay muy mala comuncación por parte de la fiscalía y la empresa. Y por eso la gente se les fue al humo. Ahora hablamos con la fiscalía y les dijo que sí, que está autorizado lo que están haciendo".
“Tenemos alojamiento en hotel y comida hasta el lunes, pero sin la certeza de que continúe”, contó Koplin (41), propietario de una de las viviendas. En su caso, son 755.550 pesos los que abona al Banco Ciudad como parte del valor de las cuotas del crédito a través del ProCreAr, programa de viviendas que después pasó al Instituto de la Vivienda.